Reconocer el rol que cumplen los asistentes de la educación y la lucha que han llevado adelante en las últimas décadas por sus derechos laborales, es el objetivo de la resolución aprobada por la unanimidad de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Para ello, la resolución solicita al Presidente de la República presentar un proyecto de ley para homologar los beneficios garantizados en el estatuto de los asistentes, independientemente de que estos funcionarios sean o no traspasados a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública .

Al respecto, la ley 21.109, que estableció el estatuto de los asistentes de la educación, estipuló que algunos beneficios económicos se otorgarán solo a aquellas y aquellos asistentes de las categorías técnico, administrativo y auxiliar que sean traspasados desde los municipios a los nuevos servicios; o que se vayan incorporando a la dotación una vez que el servicio entre en funcionamiento.

La resolución, por tanto, destaca que nadie le garantiza a las y los asistentes de la educación de los servicios aún no instalados que, si se modifican los plazos, sus traspasos efectivamente se lleven a cabo. Asimismo, de concretarse, podrían tener que esperar hasta el año 2030 para ver mejoradas sus remuneraciones.

Por esta razón, se pide al Ejecutivo legislar ahora para mejorar las remuneraciones de este sector y que esto no dependa de la instalación y traspasos a los Servicios Locales de Educación.

La solicitud añade, finalmente, que estos funcionarios no están ajenos a la crisis sanitaria que vive el país, y su rol es hoy más imprescindible en la comunidad educativa, ya que la evolución de las funciones y tareas han incrementado el sector, adquiriendo nuevos roles e importancia en las áreas de la administración como en el campo profesional, técnico de apoyo y asistencia al proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en el aula como fuera de ella.