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El Diario del Maule Sur
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Crónica 23-04-2019
Bienes Nacionales presentará proyecto de ley para agilizar desalojos en el marco de Operación Rescate
Una labor que ha dado frutos, de hecho, en la Región del Maule. Durante el 2018 se detectaron 153 casos irregulares, de los cuales se logró normalizar el 16,33% de las ocupaciones ilegales hasta la fecha, donde existen pendientes 11 desalojos por realizar, para cumplir con el compromiso de nuestra campaña.
“Sabemos que tenemos por delante un proyecto ambicioso, pero para darle un buen uso al territorio, primero tenemos que recuperarlo de manos de personas que lo están ocupando de manera irregular o ilegal y para eso necesitamos herramientas que castiguen a quienes viven o lucran con un inmueble que es del Fisco”, señala el ministro Felipe Ward.

Por ello, el secretario de Estado anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso que acelerará el proceso de desalojo que se iniciará con la notificación al ocupante irregular o ilegal de que deberá restituir el inmueble.

Para el Seremi de Bienes Nacionales Enrique Gómez este proyecto de ley nos va a permitir agilizar el trámite para la recuperación de los inmuebles fiscales afirmando que “resulta muy injusto que particulares lucren y se beneficien con inmuebles que son de todos los chilenos, ellos no pagan, no tienen ninguna autorización y se están beneficiando a expensas del estado de Chile. El proceso de desalojo no es sencillo, por lo mismo se pretende presentar una modificación legal que agilice el trámite para la recuperación de estos, que va a permitir notificar al ocupante ilegal, este podrá pedir reconsideración y hay una segunda instancia de reclamación, pero en definitiva va otorgar al ministerio disponer la recuperación con auxilio de la fuerza pública del inmueble dentro de un plazo de no más de un mes”.

El proyecto también considera que los infractores sean multados con hasta el 8% del avalúo fiscal de la propiedad, multiplicado por los meses de ocupación del mismo. Esto para dar una señal de desincentivo en la ocupación de cualquier inmueble del Estado, ya que las deudas son altas y si no son canceladas podrían terminar en un embargo de los bienes del infractor.

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