Las maneras de pensar el uso del territorio, de diseñar los espacios comunes de convivencia, requiere hoy más que nunca de la articulación de los y las ciudadanos/as y de los intereses técnico- políticos. Las tasas de desigualdad territorial en Latinoamérica - expresadas en el aumento de bolsones de pobreza, de zonas de sacrificio ambiental, o incluso en el análisis del comportamiento diferenciado del COVID-19 en los territorios, se han incrementado en gran parte por la falta de políticas de diálogos entre las comunidades y las entidades que planifican el uso del territorio.
Tenemos lamentablemente varios ejemplos ilustrativos como, por ejemplo, cuando un grupo de vecinos contiguos a una autopista que literalmente “dividió en dos” a una comuna, miraban con cierto desdén el progresivo deterioro de las barreras acústicas dispuestas por la empresa para mitigar el impacto acústico del tránsito vial ¿Por qué la comunidad no cuidó las barreras acústicas? Es imposible que la comunidad se apropie de un bien de uso público que fue diseñado íntegramente por tecnócratas que con este tipo de medidas urbanísticas agravaba más bien la profunda condición de segregación territorial que ya les afectaba y les enclaustraba espacialmente o geográficamente, ¡antes que protegerlos del ruido! En este tipo de situaciones, existe un desafío a las tradicionales relaciones de administrar el poder, tanto para los gobiernos sub nacionales como los nacionales ya que son puestos en jaque por la ciudadanía ante decisiones de interés público e indican que de no haber dialogo efectivo entre técnicos y ciudadanías no hay desarrollo sostenible posible.

Christian A. Quinteros Flores, académico de la Escuela de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule.