Tras un amplio debate y búsqueda de acuerdos, el Congreso despachó el proyecto que actualiza el Código de Aguas, reforzando el carácter de bien público del agua y consagrando una nueva regulación para la constitución, ejercicio y extinción de los derechos, así como proteger y fortalecer la función que cumple el agua dulce.
Las disposiciones del proyecto se pueden agrupar en cuatro áreas: consumo humano; aguas del minero; asuntos de carácter misceláneo; y características de las concesiones.
Asimismo, regula el plazo de concesión de un derecho de agua, la cual se concederá por un período de 30 años, de acuerdo a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda; período que se prorrogará sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso efectivo del recurso.
Dispone que la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará por el solo ministerio de la ley y sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas acredite, mediante una resolución fundada, el no uso efectivo del recurso.