❖ La organización plantea que se deben realizar cambios a la legislación actual para exigir a los empleadores -del sistema público y privado- que cuenten con instalaciones, mobiliario y herramientas de trabajo adecuadas para la inclusión.

Este lunes se celebra el 4° aniversario de la Ley de Inclusión Laboral y aún hay muchos desafíos por delante ya que, con la pandemia, la implementación de esta ley se estancó e incluso retrocedió.

El balance de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) es crítico, puesto que, a juicio de su presidente, Matías Poblete, no se está cumpliendo con la normativa y no hay fiscalización.

“El Estado debe dar el ejemplo en el cumplimiento de esta normativa, no puede ser que el aparato estatal no cumpla con los compromisos adquiridos con este grupo de personas. La inclusión laboral de las personas con discapacidad debiera ser una prioridad del Ministerio del Trabajo y Previsión Social e impulsarla con todas sus fuerzas, para que la inclusión deje de ser un bonito slogan de campaña”, detalló Poblete.

Poblete explicó que “se necesita una fiscalización efectiva, tanto en el sector público como el privado para cumplir a cabalidad con la normativa que hoy no se está cumpliendo. Las fiscalizaciones son una burla para las personas con discapacidad”.

Otra de las preocupaciones, que debe incorporar la ley, es la baja contratación de mujeres en situación de discapacidad. Desde la entrada en vigencia de la Ley N°21.015 en el año 2018, según el reporte emitido por la Dirección del Trabajo a enero del año 2021, el porcentaje de mujeres con contrato laboral vigente, es considerablemente inferior al de los hombres: 36,1 % mujeres versus un 63,9 % de hombres con contratos vigentes.

La FCHD anunció que se encuentra trabajando en conjunto con el diputado Eduardo Durán, en un proyecto de ley -que será presentado próximamente en la Cámara de Diputados- para perfeccionar la Ley de Inclusión Laboral. La moción además, considerará la no discriminación por motivo de discapacidad e igualdad de remuneraciones; descentralizará el cumplimiento de la cuota de contratación del 1% e impulsará un mayor cumplimiento de la normativa en el sector público.

En esa línea, el parlamentario explicó que “es un aniversario de la ley bien contradictorio, ya que si bien hemos avanzado en materia de inclusión, aún el Estado y los privados siguen sin cumplir a cabalidad con las cuotas de integración de personas con discapacidad, por lo mismo que he oficiado a la Contraloría para que vele por el cumplimiento de la normativa, sobre todo en el servicio público para que se ponga a la altura de las circunstancias”.