En marzo de este año se cumplió un año desde la entrada en vigor de la ley 21.212 también conocida como la Ley Gabriela, que buscó tipificar y sancionar el delito de femicidio como una de las más graves y dañinas expresiones de la violencia de género.

Desde la entrada en vigencia de la ley hasta la publicación de esta columna, ya son 5 los femicidios ocurridos dentro de la Región del Maule que están siendo juzgados bajo esta nueva legislación, incluyendo el caso de Norma Vásquez Soto, funcionaria de Carabineros asesinada en la ciudad de Linares.

En lo que respecta a violencia contra la mujer, los avances de la citada ley 21.212 fueron evidentes. Por ejemplo, se puso fin a la tradicional estrategia de atenuación de responsabilidad consistente en argumentar que el imputado actuó bajo arrebato u obcecación, argumento que muchas veces se materializaba en condenas más bajas.

Otro acertado punto de la Ley 21.212 fue la distinción entre el femicidio íntimo y no íntimo, distinción que permitió finalmente abrir las puertas de los tribunales para aquellas mujeres que -sin ser pareja de sus agresores- fueron asesinadas atendiendo un componente de género.

Sin embargo, pese a los significativos avances de los últimos años, la lucha por obtener castigos para todas las formas de violencia contra la mujer aún sigue enfrentando grandes desafíos.

Por ejemplo, queda pendiente una importante deuda con la violencia ocurrida al interior de las relaciones denominadas de “pololeo”. Si bien la Ley Gabriela se hizo cargo de sancionar la expresión más brutal de la violencia de género -la muerte de una mujer- lo cierto es que otras formas de violencia más comunes y que muchas veces afectan a mujeres en su temprana adultez, como el caso de la violencia psicológica al interior del pololeo, siguen sin tener una respuesta satisfactoria por parte de la institucionalidad chilena, salvo que se traduzcan en delitos graves como lesiones o amenazas.

De esta forma, si bien los avances en materia de violencia de género han sido significativos, también es cierto que aún estamos al debe en cuanto al abordaje integral de los diversos escenarios de violencia contra la mujer. Hoy en el contexto histórico en que nos encontramos y ad portas de escribir una nueva Constitución estamos frente a una real oportunidad que deberíamos aprovechar para poder avanzar cultural, judicial y legislativamente en políticas públicas a la altura de los desafíos y avances que vivimos y en cuanto al reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.


Consuelo Veloso Ávila, Candidata a Diputada por el Maule Sur