· El director del Centro de Estudios sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CEDIA) de la UTalca, Isaac Ravetllat, se refirió también a la obligatoriedad o no de los padres a aplicar la vacuna contra el COVID a los menores de edad.

“La legislación sanitaria ha estado a la espalda de los niños, niñas y adolescentes, lo que se ha evidenciado con la pandemia”, sostuvo el académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Isaac Ravetllat.
El docente, quien es director del Centro de Estudios sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CEDIA) de la UTalca, resaltó que, dado el contexto de emergencia sanitaria, nos podemos preguntar si la legislación que tenemos actualmente en Chile protege lo suficiente a los integrantes de este grupo etario. Según el profesional, “la respuesta clara es no”.
“Las medidas sociosanitarias se han tomado y se siguen tomando desde la perspectiva adulta y probablemente sería necesario dar un enfoque desde el derecho de la niñez”, señaló.
En este sentido, indicó que en el caso de los adolescentes -es decir entre los 14 años y hasta la mayoría de edad - el actual marco legal solo contempla el derecho a ser escuchado si tienen una postura clara ante la vacunación contra el COVID entre otros temas. Sin embargo, la decisión final la tienen los padres, si la justicia no determina lo contrario.
Ravetllat agregó que cuando las autoridades toman medidas desde lo sanitario, como el confinamiento o los permisos en las diferentes fases del Plan Paso a Paso, no se contempla la perspectiva de la niñez. “El tema de la salud mental de los niños tampoco se ha tomado en consideración, no se ha puesto como prioridad”, resaltó.
“Una reforma que se incorporó hace escasamente un mes en nuestro sistema normativo, indica que quienes tienen que tomar la decisión -no solo en el tema de la vacunación sino en cualquier intervención en el ámbito sanitario- deben ser los padres. El adolescente tiene el derecho a ser escuchado, pero la última decisión la tienen que tomar los padres o tutores, salvo que esa determinación sea considerada por parte de la autoridad judicial, contraria al interés superior de ese niño, niña o adolescente”, afirmó.