La comisión de medio ambiente y economía de la Convención Constituyente ha aprobado una norma cuyo impacto puede ser especialmente negativo en caso de ser aprobada por el pleno: la iniciativa 113-5 sobre “Soberanía Alimentaria”.

Un primer error es que el articulado prioriza un Estado que define qué, cómo y para quién producir (soberanía alimentaria) fijando el precio de los alimentos. En cambio, el Estado debiese más bien velar por el acceso físico y económico a suficientes alimentos sanos y nutritivos. En este sentido, no habría libertad para que los agricultores decidan que es mejor para su producción y bienestar y se pondría en riesgo las exportaciones de productos como vinos, frutas y semillas.

La norma pone foco sólo en los pequeños productores, adjudicándoles el rol de abastecer al país, y se desconoce el aporte de los medianos y grandes. Creemos en la coexistencia de distintos tipos de agricultura donde todos aporten. El Estado debe fomentar todo tipo de agricultura que permita conservar la naturaleza, y mejorar progresivamente la base productiva del país.

Un artículo que tendrá un impacto negativo es el que prohíbe cualquier forma de privatización de semillas. Lo anterior es grave dado que la base de la alimentación del país son las semillas agrícolas (aquellas provenientes de programas formales de mejoramiento genético) y no de las semillas tradicionales (nativas y ancestrales) como mal presupone la iniciativa. También se limita la investigación en esta área a solo investigación pública bloqueando la I+D privada y extranjera. La propiedad intelectual en plantas permite incentivar el desarrollo constante de nuevas variedades adaptadas a las exigencias de los agricultores y los consumidores. La propiedad intelectual en plantas en Chile dura sólo 15 años (hay regulación al respecto desde 1977) y aplica sólo para nuevas variedades. Nadie puede apropiarse de semillas nativas, ancestrales o de uso tradicional, como sugiere esta norma. El artículo condenaría a nuestros agricultores a no poder acceder a las mejores semillas.

La norma prohíbe la producción, uso consumo e importación de semillas, cultivos, alimentos y aditivos transgénicos en el país. Lo anterior atenta contra la libertad de investigación y contra toma de decisiones basada en evidencia. El consumo de transgénicos no está prohibido en ningún país del mundo. Países como Cuba, Bolivia, China, entre muchos otros, han adoptado la tecnología para hacer frente a la crisis alimentaria. En Chile, por ejemplo, investigadores en universidades, han desarrollado un maíz transgénico tolerante a la sequía y cítricos capaces de crecer pese a la salinidad del suelo en el desierto. ¿Nos perderemos estas soluciones por los prejuicios y una mala norma? Prohibir tecnologías por constitución nos limita en herramientas para enfrentar el cambio climático y fortalecer la seguridad alimentaria.

El Maule, región donde la agricultura y la producción de alimentos son claves, sin lugar a dudas se verá afectada con esta normativa, por lo que sus actores deberán jugar un rol y ser escuchados en este debate.

Miguel Ángel Sánchez, PhD
Director ejecutivo ChileBio