María José Ubilla, Presidenta Nacional Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet); Subdirectora Escuela Cs. Agroalimentarias, Animales y Ambientales Universidad de O’Higgins

A la Tenencia Responsable de Mascotas (TRM), no se le ha dado la importancia necesaria en nuestro país. Hoy existen más de 12 mill. de mascotas con tutores, sin embargo, menos 2 mill. están inscritas en el Registro Nacional de Mascotas, y más de 4 mill. no tienen un responsable.
En los últimos años, el centro del tema ha sido el control de la sobrepoblación a través del control reproductivo quirúrgico (castración y esterilización), sin embargo, este abordaje es simplista, no acorde a los avances científicos existentes. El abordaje debe ser multidimensional y bajo el enfoque de Una Salud y Un Bienestar, de lo contrario no será efectivo y se perpetuarán los problemas de bienestar animal, salud pública y efectos en el medio ambiente. Por esto, deben al menos incluir: control reproductivo; manejo de basura; identificación a través de método permanente (microchip), no a través de collares y placas; capacitación de policías, jueces y fiscales; fiscalización; persecución y sanción de actos de abandono, maltrato y cualquier forma de tenencia irresponsable; dotación de médicos/as veterinarios/as en todas las comunas; educación en vínculo humano animal (comprensión de las necesidades físicas y mentales de los animales); educación ciudadana como pilar transversal; recursos económicos y humanos acordes a una política pública; y trabajo conjunto de diversas instituciones gubernamentales, académicas y civiles.
Los ataques de perros son un tema de salud pública que afecta de por vida a las personas. Desde el 2017, año en que se promulgó la Ley 21.020, hay decenas de casos con consecuencia de muerte, sólo este año llevamos al menos seis casos graves en Chile ¿Qué más debemos esperar? La manifestación de agresividad patológica en perros se puede deber a una serie de factores, como la falta de comunicación humano-animal, socialización, educación de los animales, TRM, maltrato animal, patologías de base como el dolor crónico, entre otros. Urge educación en estos aspectos, para prevenir tragedias y buscar soluciones médicas en los casos que se requieren.
La fiscalización de esta ley, recae en general, en los Municipios, quienes se ven imposibilitados de hacerlo, porque ha existido una disminución sostenida de recursos estatales; el 2018 se destinaron más de 9 mil millones de pesos para el Programa Mascota Protegida, que ya eran insuficientes, hoy estos recursos han disminuido a cerca de 3 mil millones.
La autoridad sanitaria, también cumple funciones en la fiscalización de “perros potencialmente peligrosos”, la norma indica que el juez competente podrá calificar como potencialmente peligroso a aquel ejemplar de la especie canina que haya causado lesiones leves a una persona o daños de consideración a otro ejemplar de su misma especie”, sin embargo, solo aquellos médicos veterinarios con formación académica y práctica en el área de la agresividad, tendrían suficientes competencias para determinar esta cuestión, basándose en el cuestionario etológico, en el análisis de riesgo, la observación directa del comportamiento y la realización de pruebas conductuales.
Los tutores deben comprender que la responsabilidad de adopción es de por vida y que deben cumplir no sólo las obligaciones de la Ley, sino que integrar al animal a la familia, satisfaciendo sus necesidades, destinando gastos asociados a la salud integral del animal y respetando el ambiente, la fauna silvestre y a la comunidad en general.

Basta de consejos sensacionalistas de “expertos” que provocan perpetuación del problema y ponen en riesgo la salud de las personas y de los animales. Se requiere abordaje profesional multidimensional, y un rol activo del Estado para dar respuesta a esta grave problemática de salud pública.