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El Diario del Maule Sur
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Hoy
Opinión 09-10-2019
Cambio climático y nuestros derechos humanos ambientales
Nuestra Constitución Política de Chile de 1980 dice lo siguiente:
Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:
“N° 8° Es derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.
El imperio -autoridad y dominio de este precepto legal sobre las otras leyes del Estado- de esta normativa de nuestra constitución, es muy claro y demandante a que sus autoridades, desde el presidente de la república y autoridades gubernamentales y políticas tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que derivan de este mandato.
El incumplimiento al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y velar para que este derecho no sea afectado y que la preservación de la naturaleza, su biodiversidad no sean expuesto a su devastación por ambición e irresponsabilidad por cualquiera de los que viven en territorio chileno, recae en sus hombros y derechamente caen en la inconstitucionalidad, porque así nuestra constitución, leyes y reglamento lo exigen, debiendo ser demandados ante la justicia por cualquiera persona natural o jurídica de este país.
Sin embargo, en esta misma constitución, aprobada en forma irregular en dictadura, está el artículo 19 N° 24 dispone que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.
Con ello, estos derechos cuentan con la protección que la Constitución otorga al derecho de dominio, la que los hace inexpugnables, en una clara contradicción que afecta el derecho humano sobre el agua.
El punto está en que dicho régimen desconoce a las aguas su condición de bien nacional de uso público consagrada en la tradición romana sabiamente y recogida por el artículo 595 del Código Civil desde el inicio de nuestra institucionalidad jurídica. Allí se declara que los ríos y las aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público.
Recordemos que son bienes nacionales de uso público aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda si, además, su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Dichos bienes se caracterizan por estar fuera del comercio y por lo mismo son imprescriptibles e inalienables.
Cada vez hay mayor consenso sobre las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del Cambio Climático. Hoy sabemos que los impactos de las variaciones climáticas sobre el planeta inciden directa e indirectamente en el bienestar de las personas: en su salud, medio ambiente, alimentación, vivienda y demás aspectos que conforman una vida digna y nuestra misión es que estos derechos humanos ambientales no sean conculcados y que debemos defender.
A continuación, se analizan las implicaciones observadas y previstas por el cambio climático sobre el disfrute de algunos derechos humanos, todos los cuales se encuentran íntimamente vinculados entre sí, protegidos en nuestra constitución e internacionalmente por sus organismos pertinentes.
a) El derecho a la vida digna
El derecho a la vida y su salvaguarda es una condición esencial para el disfrute de otros derechos
La dignidad entraña bienestar en las diversas esferas de la vida humana, principalmente aquellas relativas al goce de salud, al acceso al agua y a un medio ambiente adecuado, a la satisfacción de las necesidades alimentarias y de vivienda,
b) El derecho a la salud
La comunidad científica ha identificado tres maneras por las que el cambio climático pone en riesgo el derecho humano a la salud. La primera se refiere a un incremento en las tasas de mortalidad y morbilidad como consecuencia directa de los eventos de calor o frío extremos, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos. La segunda forma en que el cambio climático afecta a la salud ocurre indirectamente a través de las alteraciones a los ecosistemas, mismas que a su vez provocan modificaciones en la distribución de los organismos transmisores de enfermedades o bien, favorecen el incremento de padecimientos transmitidos por aguas no tratadas. La tercera manera también es indirecta y tiene que ver con la desnutrición a causa de las alteraciones en la producción agropecuaria, desplazamientos forzados asociados a fenómenos hidrometeorológicos extremos o con la falta de atención médica adecuada como consecuencia de los daños a la infraestructura sanitaria por ciclones, tormentas, aluviones o inundaciones.
c) El derecho al agua
El agua cubre el 70 % de la superficie del planeta y es el elemento que compone más de dos terceras partes de nuestro cuerpo. Estas proporciones ilustran la importancia del agua para la vida en general y la salud humana, es innegable que se trata de un recurso indispensable para vivir con dignidad y constituye una condición para el disfrute de otros derechos humanos.
Ingrid Wehr, Directora Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, explica las principales razones de la grave situación de escasez hídrica que vive el país.
“Chile es el único país del mundo en pleno proceso de desertificación que tiene casi todas sus aguas privatizadas creando un problema serio de derechos humanos porque no hay prioridad para el consumo humano y se debe a la expansión de la plantación de paltas en suelos no aptos para el cultivo, agotando así todos los recursos hídricos”.
Se ha documentado científicamente que la disponibilidad de este recurso tan esencial para la vida se encuentra en riesgo a causa del cambio climático. Las proyecciones apuntan a que la cantidad de agua superficial y subterránea disminuirá en la mayoría de las regiones áridas, lo que intensificará la competencia por el recurso entre los diversos sectores económicos.
e) El derecho a una alimentación adecuada
El consumo de alimentos en calidad y cantidad adecuadas es fundamental para el bienestar físico y mental de las personas, pues aportan los nutrientes necesarios que el cuerpo humano necesita para ejecutar todas sus funciones vitales. El hambre y la desnutrición impiden el acceso a una vida activa y saludable, por lo que disfrutar del derecho a la alimentación es un compromiso que han asumido casi todos los países del mundo para con sus ciudadanos
e) El derecho a una vivienda adecuada
El derecho a una vivienda adecuada entraña, el derecho a vivir en una vivienda digna, protegida y alejada de todo tipo de catástrofes, en seguridad y paz, y fuera de riesgo debido a los efectos del cambio climático, prohibición de construcción de viviendas en terrenos abandonados de zonas de acopio de residuos tóxicos peligrosos (polimetales, Arica), basurales o rellenos sanitarios (La Cañamera, Puente Alto), sobre dunas (Reñaca), etc.
f) El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación
El derecho a vivir libres de contaminación del aire, agua y suelos, fiscalizando las normas ambientales de emisión de contaminantes por sistemas productivos y procesos de generación de energía eléctrica, extracción minera, residuos industriales, domésticos, tóxicos y peligrosos, consumo de combustibles fósiles, etc.
g) El derecho a vivir en ecosistemas protegidos junto con toda su biodiversidad
Vivir en ecosistemas sanos, sin amenazas ni peligros de extinción de parte de los sistemas económicos productivos, explosión demográfica e irresponsabilidad de acciones humanas.
Pronto se realizará en nuestro país la COP 25, que es la respuesta internacional al Cambio Climático y que establece obligaciones básicas de los 196 Estados, más la Unión Europea para combatir el Cambio Climático. Se firmó en la Cumbre de la Tierra en 1992 y entró en vigor en 1994, al cual Chile adhirió ese año. Es de esperar, que los representantes gubernamentales, y los participantes políticos, académicos, empresariales, organizaciones sociales defensoras del medio ambiente y en general, todos los chilenos aunemos voluntades y conciencias para corregir lo contradictorio de nuestra constitución sobre los derechos humanos ambientales y realmente encontremos la verdadera senda para combatir el Cambio Climático, ratifiquemos el acuerdo de Escazú, que mejora el acceso a la información a la justicia y la participación ciudadana y que proporciona normas para los defensores del medio ambiente y no se transforme en ofertas paliativas que lamentaremos en un futuro cercano.
Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista
Prensa El Heraldo | Imprimir | 584
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