El sobreendeudamiento de la población se agravó durante la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Así lo plantea el proyecto que analiza la Comisión de Economía y que busca limitar el uso de datos financieros de deudores.

La moción, también conocida como “Chao Dicom”, tiene por objeto establecer una regulación especial y excepcional del tratamiento de ciertos datos personales. En concreto, busca establecer la prohibición de utilización por los responsables del registro o banco de datos, de proporcionar la información sobre deudas impagas hasta el 30 de abril de 2022.

Esto se aplicaría a los distribuidores de información de carácter económico financiero, bancario o comercial. Además, dispone la obligación de eliminar de estos registros los datos relativos a obligaciones exigibles e impagas inferiores a $2.500.000. Este monto considerado por concepto de capital, excluye intereses, reajustes o cualquier otro rubro.

La norma establece multas por incumplimiento, a beneficio fiscal, de 1.000 hasta 2.500 UTM ($56.700.000 a $141.900.000 app), previo requerimiento del titular de los datos.

Para analizar la propuesta, la comisión recibió a José De Gregorio, exministro y actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. En su intervención destacó el riesgo que puede significar una medida como esta en la posibilidad de acceso a créditos. Ello afectaría tanto a las personas deudoras como a quienes no lo son.

Por esto, insistió en la necesidad de crear un consolidado de deudores que no solo incluya la banca, sino también al retail.