Adriana Cancino, la única convencional constituyente en situación de discapacidad lidera esta norma que fue presentada ante la comisión de Principios Constitucionales el pasado 28 de marzo, y que resguarda y garantiza los derechos específicos de las personas con discapacidad.

Este jueves 07 de abril, la Comisión sobre Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, deberá votar la norma que resguardará los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, Adriana Cancino, la única convencional en situación de discapacidad y líder de esta iniciativa, señala que “esperamos que la comisión vote a favor en las dos siguientes instancias en particular y si Dios quieren en el pleno. De ser así se aprobaría por primera vez en nuestra historia constitucional, los derechos específicos de las personas con discapacidad, grupo históricamente invisibilizado y discriminado”, concluye.

En su presentación ante la Comisión de Principios Constitucionales, Adriana Cancino respondió inquietudes referidas a las garantías de futuras pensiones o ingresos de las personas en situación de discapacidad, sus cuidadoras y cuidadores, y sobre la mirada integral sobre cómo podría instalarse esta norma. Ella propone que esté a cargo de un sistema nacional a través del cual se elaborarán, coordinarán y ejecutarán políticas y programas destinados a satisfacer las necesidades reales de esta población y permitan la concreción de sus derechos.

Según cifras del segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC) realizado por SENADIS en el año 2015, se estima que el 16,7% de la población de dos y más años se encuentra en situación de discapacidad, es decir 2 millones 836 mil 818 personas en Chile. “Suponiendo que esta cifra no ha cambiado, si lo proyectamos al día de hoy, superamos los 3,3 millones de personas. Somos el colectivo minoritario más grande del país”, explicó Adriana.

Vale destacar que la norma de Adriana Cancino, tiene su origen en múltiples encuentros participativos e instancias de diálogo con personas en situación de discapacidad, sus entornos cercanos y organizaciones de la sociedad civil a lo largo de todo Chile. Las múltiples conversaciones fueron sistematizadas y complementadas con el apoyo de especialistas y profesionales expertos en materia constitucional, derechos humanos y discapacidad. A su vez, estos resultados fueron presentados y trabajados con equipos de diversos convencionales, dando como fruto una norma que cuenta con patrocinantes de distintas sensibilidades políticas, lo que la hace inclusiva en sí misma.

Por su parte, el doctor en derecho y asesor ad honorem de Adriana Cancino, Pablo Marshall, explica que la iniciativa de norma propuesta por la convencional ofrece una protección constitucional fuerte a las personas con discapacidad, que, aunque no entra en temas específicos, sí se hace cargo de una generalidad de problemas que enfrentan y encarga a los órganos del Estado a tomar acciones para garantizar sus derechos.

Marshal, que también es docente de Derecho Público de la Universidad Austral, enfatizó que “las otras tres normas que también fueron aprobadas en votación particular tienen el mismo espíritu por lo que no va a ser un trabajo difícil el refundirlas en una sola norma que pase al pleno. Hemos trabajado junto al abogado Eduardo Marchant, durante todo el proceso de elaboración de esta iniciativa poniendo a disposición nuestra experiencia en derechos constitucionales que no pueden estar fuera de la carta fundamental de una sociedad moderna e inclusiva”.