El Pleno de la Corte Suprema acordó, con fecha 4 de junio, la implementación de un mecanismo de recopilación de información respecto de los procesos en que se investigan hechos constitutivos de violación a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado, desde octubre de 2019 a la fecha, debiendo, para tal efecto, considerar los antecedentes que otros actores del sistema de justicia con injerencia en este ámbito –como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos- tienen al respecto.
Este iniciativa se enmarca en el documento “Propuestas de acciones posibles de adoptar por el Poder Judicial respecto a casos de violaciones de Derechos Humanos cometidos en el contexto del estallido social”, elaborado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema.
“Desde inicios de las protestas sociales de octubre de 2019, diversas instituciones e instancias han mostrado su preocupación por los hechos de violencia y en particular, sobre situaciones vinculadas a violaciones a los derechos humanos” dijo la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, al dar a conocer esta resolución.
La decisión se adoptó con prevenciones y un voto en contra, cuyos términos están contenidos en la resolución.