Una serie de medidas tendientes a asegurar el cumplimiento efectivo de las penas
de quienes cometen delitos graves contra la
infancia contempla el proyecto presentado
por varios senadores y que fue remitido a la
Comisión de Constitución para su estudio.
La iniciativa busca disminuir los casos
de violencia en contra de los niños y adolescentes de nuestro país. Según datos del
Centro de Estudios y Análisis del Delito
(CEAD), mientras en 2017 fueron víctimas
de homicidio 22 menores de edad, esa cifra
llegó en 2020 hasta 39 casos fatales (aumento de 77%).
Por su parte, mientras en 2005 un total
de 3.119 niños, niñas y adolescentes fueron
víctima de abuso sexual u otros delitos sexuales, representando el 51% del total de
ataques de connotación sexual, en 2019 u
total de 5.327 niños padecieron mencionados delitos, constituyendo el 61% del total
de mencionados delitos acaecidos dicho año
en Chile.
En lo principal, el proyecto aumenta los
requisitos de acceso a la libertad condicional previstos para quienes hubieren cometido delitos graves en contra de un menor
de edad.
Asimismo, se incorpora un nuevo artículo en el Decreto Ley Nº321 para que los
sujetos condenados por dichos delitos perpetrados en contra de menores de edad no
puedan acceder a beneficios intrapenitenciarios distintos de la libertad condicional.
También se establece como circunstancia agravante general la circunstancia de ser
la víctima menor de edad, y se agrega un
nuevo artículo 68 ter a mencionado cuerpo
legal, que dispone que las reglas de determinación de la pena previstas en el artículo 68,
inciso tercero y 68 bis no serán aplicables
a los delitos graves cometidos en contra de
menores de edad.