La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a la Sala el proyecto que prohíbe informar las deudas contraídas para financiar atenciones de salud .

Para sus fines, la iniciativa busca modificar la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada. Particularmente, enmienda el texto en lo referente a las materias que no pueden ser comunicadas, agregando al listado las del área de salud.

Así, la citada prohibición recae para las deudas contraídas con prestadores de salud públicos o privados y empresas relacionadas. Esto aplica en el marco de una atención o acción de salud ambulatoria o de emergencia, sean estas consultas, procedimientos, exámenes, programas, cirugías u operaciones.
La iniciativa comenta que, en Chile, el derecho a la salud se ha convertido en motivo de una preocupación ciudadana creciente y sostenida. Señala que en el centro de la discusión se encuentran las obligaciones que tiene el Estado en su protección y garantía. Ello, frente a las progresivas expectativas de las personas por acceder a mayores y mejores prestaciones en este ámbito.

El texto plantea que el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones: respetar, proteger y cumplir la salud. Esta última comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover este derecho. Sin embargo, sostiene que en el país hay un sistema fragmentado e inequitativo de salud.

Finalmente, comenta que, hoy, existe un gran porcentaje de la población que no puede asumir los costos de la atención de salud. De tal modo, el pago de estas deudas se torna imposible, manchando los informes comerciales de los pacientes con deudas que dificultan el acceso a nuevos créditos o nuevos trabajos. Por esta situación, las personas terminan transitando por un camino sin salida.