En el marco del debate del proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, la Comisión de Constitución llevó a cabo una extensa sesión para escuchar a más de una docena de representantes de organizaciones y entidades públicas.
Estas, en su mayoría valoraron la creación de este nuevo servicio, pero fueron críticos en manifestar que la propuesta carece de un financiamiento acorde a las necesidades que debe cubrir.
Así lo plantearon, en primer término, tanto el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, como el Defensor Nacional Penal Público, Marco Montero, quienes advirtieron que esta entidad debiera contar con más recursos para llevar a cabo la defensa de las victimas y, también, sugirieron incorporar a la futura ley acuerdos reparatorios o mediación en materia penal.
Explicaron que el año 2020 sólo atendieron a 75 mil víctimas, y que el proyecto necesita recursos para poder llevar a cabo sus objetivos, de lo contrario se podría transformar en un problema.