Fue el jueves cuando se llevó a cabo una masiva fiesta no autorizada en la Universidad de Concepción, Región del Biobío, en la que no se respetaron las medidas de autocuidado dispuestas por el Ministerio de Salud como el uso de mascarillas y distanciamiento social. Hoy, tras los hechos, autoridades locales estudian iniciar acciones legales en contra de los convocantes del evento. Según indicó el diario El Sur, una estimación realizada por personal de seguridad de la casa de estudios, señaló que se reunieron cerca de 7 mil personas en el foro y sus alrededores, luego de una convocatoria difundida en redes sociales y la vía pública como "jolgorio".
Por su parte, el delegado presidencial de Biobío, Patricio Kuhn, lamentó lo sucedido y acotó que estas acciones sin autorización atentan contra todo lo trabajado por las autoridades. "Es un abierto desafío a la normativa sanitaria y especialmente preocupante, por eso que vamos a tomar las acciones necesarias para poder determinar quiénes son los responsables de este tipo de hechos", sostuvo. Desde la rectoría de la casa de estudios, según indicó el medio, también lamentaron la situación, y además advirtieron que tras la fiesta ilegal quedaron toneladas de desperdicios repartidos y daños a la infraestructura del campus. "Dicho comportamiento irresponsable demuestra un total desprecio por la seguridad y salud de las personas, en medio de una compleja y dolorosa crisis vivida en el país a causa de la pandemia que ha cobrado miles de vidas de chilenas y chilenos", precisaron en una declaración. Asimismo, desde la Seremi de Salud, mencionaron que la denuncia fue presentada al Ministerio Público y solicitaron los registros de cámaras de control de tránsito para determinar la cantidad de personas en el lugar, y si es posible, identificar los asistentes. En esa línea, la seremi (s) de Salud, Tanya Vidal, dijo que "la autoridad sanitaria una vez informada de lo que estaba aconteciendo, desplegó los equipos acompañados de Carabineros, pero al llegar a la universidad la cantidad de participantes superaba con creces el número de fiscalizadores disponibles".