La Comisión de Medio Ambiente analiza el proyecto que modifica la ley que protege los humedales urbanos. Su fin es agregar mecanismos de participación directa en las solicitudes de reconocimiento de la calidad de humedal urbano.

En concreto, el texto legal agrega que la solicitud de declaración pueda ser realizada por dos organizaciones ciudadanas. También establece que puede efectuarse por 25 personas naturales o por una organización sin fines de lucro. Esta deberá estar dedicada a: la protección y defensa del medioambiente; la sustentabilidad de los bienes hídricos; o a la protección de los humedales.

El reconocimiento explícito de que la ciudadanía pueda solicitar la declaración de un humedal urbano, que busca incorporar este proyecto de ley, es expresivo de este derecho de petición, siempre presente en nuestro país.

La norma va en la línea del impulso que desde el Gobierno y, especialmente, del Ministerio de Medio Ambiente se le da a la participación ciudadana ambiental con su primera señal de presentar el proyecto de ley de adhesión al Acuerdo de Escazú.

En tal sentido, las peticiones deben ser lo suficientemente claras y consistentes para que existan opciones reales de incidir en las decisiones de la administración. De otro modo, advirtió, existe riesgo de recibir numerosas solicitudes, pero que no se logren estudiar. Ello redundaría en una frustración de expectativas para los solicitantes y la pérdida de la eficacia administrativa.