En nuestro país, niños y niñas no cuentan con garantías para el ejercicio pleno de sus derechos, puesto que no existe una legitimidad en torno a ellos, sino más bien una suerte de condicionalidad a la lógica derecho/deber que contraviene toda norma establecida en la Convención de Derechos del Niño y donde el veto presidencial, anunciado al proyecto de ley que crea un Sistema de Garantías y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, no hace más que ratificar lo anterior.

Resulta imperante comprender que el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos no puede limitar la autonomía progresiva de estos y que la producción de cambios legislativos debe ir en consonancia con el respeto y la promoción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho frente a la sociedad y el Estado, donde este último debiese aportar situándolos en el centro, pero también el corazón de las políticas públicas.

Hoy no logro imaginar la construcción de una sociedad realmente democrática y moderna con una infancia postergada. De nuestro compromiso dependerá su instalación definitiva en la conciencia social.


Paulina Castillo, Directora PIE Constitución Corporación Opción