La Comisión de Constitución de la Cámara comenzó el debate del proyecto de reforma constitucional, que establece la incompatibilidad entre los altos cargos públicos y la calidad de inversionistas en territorios que cuenten con un régimen fiscal preferencial.
La norma busca agregar un inciso final al artículo 8º de la Constitución Política, para establecer que no podrán ejercer cargos las personas que mantengan, a través de sí o de terceros relacionados, inversiones en países señalados por el Servicio de Impuestos Internos como un paraíso fiscal.
Esto apunta a los cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado, Subsecretario, Gobernador Regional, Senador, Diputado, Director de Empresas Públicas, oficial de las FFAA y de Orden y Seguridad Pública, director o administrador de sociedades u organismos que administren fondos de pensiones o de instituciones de salud previsional y de administrador o sostenedor de entidades de educación que reciban subvención o financiamiento fiscal.
La instancia acordó invitar a representantes del Servicio de Impuestos Internos. Esto, debido a que el organismo contaría con el listado de países y jurisdicciones que tienen un régimen fiscal preferencial.