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El Diario del Maule Sur
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Hoy
Agricultura 11-11-2020
Nueva Constitución y bien común
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El concepto de bien común, a pesar de ser un término muy usado hoy en día, no es fácil encontrar una clara definición del mismo. Común significa que pertenece a varios. Se opone a lo privado que pertenece a uno solo.
El bien común es aquello cuya bondad sólo puede ser alcanzada por muchos en calidad de partes de un todo. Por lo mismo debemos reconocer que la posesión del bien no podrá ser considerada privada, no será solitaria, sino que será participada por muchos, será común. Este es el bien común.
La problemática ambiental, los desórdenes ecológicos y el gran aumento de la población, nos lleva a reflexionar en relación al bien común de la humanidad y al del planeta y que no podemos imponer que el bien común esté al servicio individual o de grupos, ya sea con un carácter mercantilista, de lucro o de satisfacción de los beneficios y cuyos costos y consecuencias desastrosas ambientales las esté soportando la comunidad entera, porque nuestro bien común es sólo parcial respecto del bien común planetario.
Es el bien privado el que debe someterse al bien común al que pertenece, si quiere seguir siendo un bien. Vemos claramente como el bien común llega a todas las personas que forman la comunidad, y cuando éstos rompen su ordenación a él (al bien común), también pierde el bien privado.
¿Cómo debemos enfrentar este desafío, para definir el imperio del bien común?
Cuando el hombre se enfrenta a un bien que lo trasciende, busca la compañía de otros seres a fin de alcanzarlo. Este fin trascendente, es tanto un fin para él como para los demás miembros de la comunidad formada: es el bien común. El modo de obtenerlo será entregándose a él.
Formada la comunidad, es posible que aparezca un nuevo fin que trascienda a dicha comunidad, por lo que ésta tendrá que unirse a otras a fin de lograr este nuevo bien común superior. De este modo el hombre pertenece al mismo tiempo, a numerosas comunidades que se subordinan unas a otras ¿cuál sería este fin?
El fin que trasciende y que se tiene por meta de la comunidad es el bienestar, la dignidad, la felicidad y la redención de todos los componentes de los ecosistemas y el buen uso de las bondades y riquezas de la tierra, del agua y del aire, sin excepción, por todas las personas.
Por lo tanto, esta trascendencia nos lleva directamente a considerar la función social de la propiedad.
En la redacción de la nueva Constitución, el bien común debe poseer, por cierto, un claro sello de legitimidad y garantizar inequívocamente la soberanía del pueblo: leyes, gobernanza e instituciones, sin más amarras que las que sean determinadas por nuevas reglas del juego imbuidas de genuino espíritu democrático. El cómo se genere la nueva Constitución será clave para cómo se proyecte en el tiempo y la cohesión nacional desde la diversidad. Por ello, los constituyentes tendrán de generar -en el reglamento de la constituyente- un sustancioso proceso de escucha activa y participación popular en el debate. Será a la vez un educativo ejercicio de soberanía popular, de espíritus libres en la tolerancia y de decisión democrática.
La grave amenaza del cambio climático, las crisis energéticas, hídricas, agotamiento de los recursos naturales y de las facultades recuperadoras de los ecosistemas y la crisis de sustentabilidad planetaria -producto de la irresponsabilidad de la ambición de las elites del poder y el aumento explosivo de la población- reclama inaplazables medidas correctivas, posicionar administrativamente las identidades locales, un nuevo entendimiento con nuestros pueblos originarios que, inevitablemente, tendrán que ser reivindicados en su relevancia étnica trascendente y no sólo como política territorial.
Un asunto insoslayable de abordar en la nueva Constitución es la cuestión económica. Urge una nueva mirada de la economía social de mercado fortalecida con un Estado emprendedor -que hoy está alejado de toda racionalidad y bien común, ha sido principal obstáculo para un crecimiento de la riqueza compartida que nos conduzca al desarrollo- se oriente a la modernización radical de la matriz productiva, con un nuevo paradigma de desarrollo, acorde con la emergente sociedad del conocimiento, de las nuevas tecnologías y de conservación y redención del medio ambiente.
Es, por lo tanto, totalmente válida la propuesta de un nuevo orden social basado en la economía de la comunidad que nos lleva ineluctablemente al comunitarismo.
Teilhard de Chardin, nos señala con claridad meridiana el camino hacia el comunitarismo:
“Querámoslo o no, continuamente desde los orígenes de la historia, por todas las fuerzas conjugadas de la materia y del espíritu, nosotros nos colectivizamos, lentamente o por jirones cada día mayores”.
Mirado desde la perspectiva teilhardiana, los acontecimientos científicos, sociales e históricos se transforman en las etapas de ordenamiento y tanteo por los cuales la energía humana colectiva busca nuevas formas de organización y adaptación. ¿Y acaso, eso no es sino otro capítulo de la misma evolución?
“Se trata de organizar en forma consciente, la energía del hombre y de orientarla hacia una acción común. Esto es una especie de ingeniería moral. Los líderes en todos los campos, los hombres de ciencia, estadistas, los conductores de masa deben cumplir el papel de técnicos de la Energía Humana.
Desarrollo que debe ser imputado en los dos planos ya descritos, el personal y el comunitario” (Gabriel Sanhueza, Teilhard de Chardin. Una intuición de la Energía del Hombre, Revista mensaje, N° 298, mayo 1981, p 191).
La misión de los constituyentes es redactar una propuesta de cambio real, optimista, de un profunda renovación no sólo de los temas sino de la manera de hacer política, asumiendo que el siglo XXI, es un siglo más horizontal, más interactivo, más en red, más participativo, donde la gente quiere ser más protagonista de los cambios, pero a la vez quiere tomar participación en las decisiones, por eso es muy importante la descentralización y acuñar el concepto de microrregiones biogeográficas, porque significa repartir el poder democrático en todo el territorio, donde todos los actores sociales tienen sus espacios de participación para expresar su voluntad, sus propuestas y sus trabajos responsables para lograr una mejor calidad de vida y una buena y respetuosa convivencia con el medio ambiente.
El desarrollo, democracia y administración regional y de la localidad, según los criterios biogeográficos se construye basado en el gobierno de la unidad biogeográfica definida por todos los grupos de población animales y vegetales que constituyen a la comunidad que definen y perpetúan al ecosistema, incluyendo al ser humano como gestor, beneficiario y benefactor de este nuevo tipo de desarrollo comunitario.
Al establecer este desarrollo, es rediseñar nuestro futuro y darle una solución valórica a la problemática ambiental y a la desigualdad social, donde el mayor desafío, inédito y complejo es afrontar en derecho el problema de la propiedad social y comunitaria de los bienes comunes que son: el aire con su calidad y beneficios, el agua con sus usos y propiedades vitales y la tierra con sus potenciales y recursos, factores importantes en un clima auspicioso para la vida de la localidad.
Los constituyentes elegidos deberán redactar esta nueva constitución que responda a las necesidades jurídicas, administrativas, derechos humanos, sociales y medioambientales, éticas y morales donde no se acepte la corrupción, pensando responder no sólo a los 20 millones de personas de hoy, sino a los 30, 40 o 60 millones que vamos a ser en un futuro cercano, asegurando felicidad, armonía a bienestar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.

Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista
Prensa El Heraldo | Imprimir | 709
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