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El Diario del Maule Sur
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Opinión 22-03-2020
Opinión jurídica sobre el estado de excepción de catástrofe por coronavirus

Durante las últimas semanas hemos podido seguir los acontecimientos relativos a la propagación del coronavirus en otras partes del mundo, y pudimos también observar con asombro los estragos que iba causando en la población de países desarrollados, que cuentan con recursos humanos adecuados, con óptimos medios técnicos, y con una red sanitaria estatal de calidad. Con los primeros brotes en Chile, y la rapidez de su propagación, las alertas afortunadamente se activaron a tiempo. Y el razonamiento es evidente: ¿Que pasaría en Chile si se repitiesen situaciones como las de Italia o España? La conclusión es manifiesta. Los estragos y costos en vidas humanas serían enormes. Para nadie es un misterio que nuestro país no cuenta con las condiciones y medios de los países antes mencionados, y eso hace que sea más vulnerable y menos resistente ante la expansión de una epidemia en magnitudes semejantes a las de esos países.
En ese contexto la mejor estrategia es la anticipación. No dejar que los brotes todavía bastante modestos, desde el punto de vista cuantitativo, se incrementen de forma geométrica. En otro caso, si no utilizamos el sentido de la oportunidad, las consecuencias sí pueden ser de una auténtica calamidad nacional. Vale decir una desgracia de proporciones mayúsculas en todos los planos de la vida nacional.
Así las cosas, considero un acierto que el Presidente de la República haya tomado la decisión de decretar estado de catástrofe. Este tiene la potestad de declarar el estado de catástrofe (uno de los estados de excepción constitucionales) en el caso específico que se configure la situación fáctica de calamidad pública. En este caso, curiosamente más bien se trata de un estado preventivo de catástrofe, que evite que se llegue a consumar: el peligro es inminente y de muestra tenemos varios botones.
En lo tocante al estado de catástrofe, el art. 41 de la Constitución establece que “El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República, determinando la zona afectada por la misma.”
El Presidente es quien determina las medidas y el territorio en el cual se aplicarán aquellas, pero tiene el deber de informar al Congreso, y este tiene la potestad de dejarlo sin efecto a los ciento ochenta días desde su declaración, si las razones que lo motivaron hubieren cesado. Todo indica que un estado de catástrofe en el caso que nos ocupa será acotado al tiempo que se requiera para recuperar la normalidad sanitaria. El Presidente en principio lo ha decretado por 90 días, pero es altamente improbable, a mi juicio, que se extienda por todo ese tiempo. Seguramente será revocado con anterioridad.
En cuanto a los derechos que pueden ser limitados por parte del Presidente de la República, son los que se indican en el inciso tercero del art. 43 de la Constitución, que en lo pertinente señala: “el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.”


(Dr. Carlos del Río Ferretti, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Maule)
Prensa El Heraldo | Imprimir | 406
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