Estamos haciendo historia. Vivimos un momento constituyente democrático, institucional y participativo que nos permitirá redactar una Constitución que renueve nuestras normas de convivencia y garantice una base de dignidad para todas y todos. De nosotros depende.

Tras décadas de demandas no respondidas por una nueva carta fundamental, fueron las movilizaciones ciudadanas de fines del 2019, a lo largo y ancho del país, las que generaron la necesidad del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que se firmó el 15 de noviembre del mismo año. Según los términos de ese acuerdo, en el Plebiscito del 25 de octubre pasado, cuatro de cada cinco personas aprobaron redactar una nueva Constitución a través de una Convención Constitucional, es decir, una asamblea de representantes elegida con el único fin de realizar aquello. La ciudadanía se manifestó de forma categórica.

Producto de la situación sanitaria, se modificó la fecha de las elecciones y se realizarán los próximos 15 y 16 de mayo. Cabe destacar que se trata de una elección de gran importancia. Junto con elegir a los integrantes de una Convención Constitucional paritaria y con representación de nuestros pueblos originarios, también deberemos marcar nuestra preferencia por alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Nadie se puede restar.

Ir a votar es más necesario que nunca, pero no es suficiente. La Convención Constitucional no puede limitarse a la discusión de 155 personas entre las cuatro paredes del Palacio Pereira o la sede capitalina del Congreso Nacional. Éste debe ser un proceso con espacio para todas y todos. El debate constituyente debe estar permanentemente abierto a la comunidad, conectado con las regiones, provincias, comunas y territorios que componen nuestro país. La participación ciudadana en el proceso debe abarcar el período de campaña, la elección de convencionales, toda la etapa de trabajo que realice la Convención, su difusión y campaña previo al plebiscito de ratificación del texto acordado y, desde luego, la propia votación de éste.

Por eso, creemos indispensable considerar expresamente en el reglamento que regulará la convención tres principios rectores, los que deberían concretarse en, al menos, tres medidas específicas que garanticen una participación sustantiva durante el proceso. Por un lado, los principios rectores deben ser la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión.

En primer lugar, todas las acciones que realice la Convención deben estar basadas en la transparencia, estableciéndose estándares mínimos y requisitos necesarios para cumplir con ello. Segundo, la Convención, en general, y los constituyentes, en particular, deberán rendir cuenta periódicamente del trabajo realizado tanto al país como a las vecinas y vecinos de sus distritos. Tercero, la participación debe ser inclusiva, no basta con “participación” simplemente, se debe garantizar una participación inclusiva, es decir, debe dar espacio a los grupos históricamente marginados y discriminados como protagonistas del debate constituyente.

Dichos principios deberían ejecutarse a través de, a lo menos, las siguientes medidas. Primero, proponemos descentralizar el trabajo constituyente a través de una Convención itinerante, que –cumpliendo siempre con todas las medidas sanitarias— se desplace por todo Chile, recogiendo así, de primera mano, los sueños, dolores y propuestas de todo el territorio nacional.

Segundo, se deben considerar semanas distritales para que las constituyentes y los constituyentes puedan informar y rendir cuenta ante sus vecinas y vecinos de los avances de la Convención, junto con recoger sus inquietudes y sugerencias.

Tercero, se debe potenciar el uso de nuevas tecnologías y redes sociales para facilitar la comunicación de las discusiones y aumentar las instancias de interacción con la comunidad. Entendemos que producto de la brecha digital que existe en zonas del país como el Maule Sur y otras partes de Chile, el uso de estas nuevas tecnologías no es suficiente, pero sí son absolutamente necesarias.

En definitiva, proponemos hacer del diálogo, el debate y la escucha un mecanismo permanente de participación política y ciudadana. Recordemos que, al final de cuentas, el único facultado para entregarle a Chile una nueva Constitución es el pueblo soberano en la votación obligatoria del plebiscito de salida, si es que decide aprobar el texto que proponga la Convención.

Creo con convicción en la participación ciudadana efectiva como mecanismo que validará el proceso y la propuesta de una nueva Constitución, para luego, enfrentar con la legitimidad necesaria el plebiscito de salida. Finalmente, en base a mi experiencia de casi dos décadas vinculado a estos temas, estoy convencido que el nuevo texto constitucional debe considerar como un principio rector la promoción de la participación inclusiva. Dicho principio debe además graficarse en una serie de normas concretas que establezcan mecanismos de participación más amplios que sólo aquellos referidos a elección de representantes como tenemos hasta ahora.

Si bien las anteriores son esenciales y constituyen la base de una democracia representativa, la nueva Constitución no debe apagar sino empoderar las ansias de incidir sin mediadores en la construcción del Chile más justo que la ciudadanía exigió enfáticamente en las marchas y manifestaciones que nos tienen aquí. En ese sentido, la nueva Constitución debe consagrar mecanismos de participación directa como plebiscitos, consultas comunales e iniciativas populares de ley.

Si algo hemos aprendido de todo este proceso es que debemos canalizar en formas institucionales el espíritu que nos llevó al momento histórico que nos toca vivir.


Ricardo Montero Allende
Abogado