Un mecanismo permanente, expedito y efectivo son las claves del proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos, que recientemente fue despachado en particular por la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género y ahora deberá ser visado, en lo pertinente, por la Comisión de Hacienda, que está citada para abordar la materia el lunes 8 de agosto.

Con esto, se ayuda a aquellos niños, niñas y adolescentes, y a sus madres en realidad, que eran las verdaderas investigadoras privadas en materia de solicitar y judicializar los procedimientos para poder exigir el pago de la deuda de pensiones de alimentos.

Frente a una ley que ha avanzado transversal y rápidamente y se hace cargo de un dolor que hoy tienen miles de mujeres, de familias y niños y niñas. No estamos hablando de una política pública o de un proyecto de ley ideologizado, politizado, sino que estamos hablando de responder, a través de nuestro trabajo legislativo, a una necesidad que es urgente, real y necesaria.

El proyecto está acompañado de un informe financiero, con más de 840 millones al Poder Judicial para el reforzamiento del personal y para que opere el sistema de mejor manera interconectado y de oficio.

La ley entrará en vigencia 6 meses después de la completa entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.