Solo el 16% de las pensiones de alimentos son pagadas; es decir, hay un 84% de deudores, que prefieren pagar otras obligaciones, y no el alimento de sus hijos e hijas, situación que por unanimidad pone de relieve el proyecto sobre responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos que avanza en un mecanismo permanente, expedito y efectivo que asegure el pago de la obligación parental.

La instancia especializada – que ha insistido en su compromiso y con la celeridad a la tramitación- acordó abrir un breve plazo de indicaciones, hasta el 03 de junio. Esto, pese a que el texto es de artículo único, pero esperan perfeccionar y, además, subsanar las observaciones que realizó la Corte Suprema.

Es una realidad que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada y la pandemia hizo explotar ante los ojos de la sociedad. Esto es violencia económica y se busca hacer justicia con los hijos e hijas que esperan que sus padres cumplan con sus obligaciones.

Con todo, y tras una serie de audiencias, la Comisión espera abordar en particular, los temas planteados por las expositoras, además de las observaciones realizadas por las y el integrante, en orden a: definir claramente un procedimiento general (al alero de este especial propuesto en el proyecto); acompañar de recursos la ley para, entre otros, aumentar dotación en juzgados, recursos humanos y tecnológicos y capacitación a incumbentes en el proceso.

Asimismo, se espera simplificar el trámite propuesto y evitar que en este tiempo se distraigan bienes del deudor para evitar el pago; evitar la elusión y evasión; incorporar la petición de oficio en el proceso; determinar qué sucede con los deudores informales y no bancarizados; impedir cualquier otra situación de violencia; entre otras.