"Nos preocupa", dijo en EmolTV la presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), Jéssica López, al referirse a la norma aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional que busca traspasar al Estado el deber de provisión del agua y otros servicios sanitarios. Si bien el artículo aún no es votado por el pleno, la líder del gremio remarcó que que algo como lo planteado pondría en riesgo los altos estándares de calidad de los servicios sanitarios de Chile, lo cual afectaría directamente a 16 millones de personas.

Por otro lado, agregó, "preocupa desde el punto de vista de lo que significa traspasar una cosa como esta a la gestión del Estado. Yo he liderado empresas del Estado, no tengo ningún rollo ni prejuicio con eso, sin embargo, tengo también claro que el Estado tiene limitaciones en su capacidad de hacer". "Yo prefiero que el Estado tome un rol de asegurar que las cosas sucedan, pero no necesariamente que las haga. El Estado ya estuvo a cargo de proveer los servicios sanitarios hasta hace 20 años atrás y hoy hay temas complejos: uno, estamos hablando de estatizar las sanitarias y eso significa un desembolso de recursos del Estado estimado en US$9.000 millones según nuestras estimaciones; lo otro es que en este escenario de cambio climático y sequía, lo que se prevé para poder mantener los servicios son al menos US$10.000 millones adicionales en inversión en los próximos 20 años, entonces es otra exigencia para el Estado", explicó. En un recuento histórico, López detalló los avances del sector desde su privatización, dado que para lograr la millonaria inversión para el saneamiento de las aguas servidas de las ciudades de Chile, el Congreso aprobó de manera unánime la incorporación de operadores y empresas privadas a la industria. "Es probablemente uno de los hitos medioambientales más importantes que ha tenido Chile a lo largo de su historia", expresó. Respecto a la norma que también fue aprobada por la comisión y que busca derogar el Código de Aguas, López remarcó que "es un instrumento histórico de Chile y así como derogarlo, lo encuentro un poco brutal plantearlo, porque regula demasiadas cosas, es un tremendo cuerpo jurídico y habría que crear otro para no quedar sin regulación".