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El Diario del Maule Sur
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Hoy
Crónica 03-04-2020
Proponen que Contraloría fiscalice y sancione a empresas públicas cuando no cumplan la ley de inclusión laboral
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Así lo recomienda un estudio realizado por la Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD) el que además plantea incentivar la contratación a través de mecanismos como las exenciones tributarias, esto a dos años desde que la norma está vigente.
Importantes avances en materia de inclusión laboral para las personas en Situación de Discapacidad (PeSD) dio a conocer la Fundación Chilena para la Discapacidad en un informe que analiza los dos años de vigencia de la Ley 21.015, aunque propone una serie de ajustes para una mejor implementación con miras a cerrar las brechas en materia de contratación y calidad del trabajo al que acceden quienes se encuentran bajo algún tipo de limitación sensorial, física, mental o psíquica.
Si bien el estudio, que ya fue publicado en el sitio web oficial de la fundación, valora el esfuerzo hasta ahora desplegado para una mayor inserción laboral producto de la ejecución de políticas públicas y de una conciencia más amigable y cercana de la población, deja asimismo planteada la preocupación por la continuidad de las personas en situación de discapacidad en el mundo del trabajo.
“Aún el número de contratación es bajo, 25.000 empleos en el sector privado y a lo menos 2.500 en el sector público, sin contar, por ejemplo, a instituciones como Fuerzas Armadas, sobre todo por la situación actual del país y esperamos que las personas en situación de discapacidad no sean las más afectadas en cuanto al desempleo dada la contingencia que estamos atravesando”, comentó Matías Poblete, presidente de la FChD.
Toda normativa requiere ser fiscalizada para medir su real impacto, es por ello que una de las recomendaciones del informe es que la Contraloría General de la República sea el ente más adecuado para ejercer dicho rol sobre las empresas públicas cuando no informan y no cumplen la ley, ya que por este tipo de prácticas tampoco se les sanciona, reparó Poblete.
“Hasta aquí solamente las instituciones del sector público deben informar si han cumplido o no la normativa, sin recibir sanciones por incumplir y sin recibir sanciones por no informar el acatamiento de la ley. No reciben penas ni tampoco nadie los fiscalice si lo hacen o no lo hacen”, expuso el presidente de la fundación.
A juicio de Poblete, “se debería modificar el sistema de comunicación mediante oficios que realizan los servicios públicos implementando un sistema de informe único de llenado en línea, que permita tener información certera y eficaz respecto al cumplimiento de la normativa y las excusas presentadas, tal como lo ha hecho en ese sentido la Dirección del Trabajo con las comunicaciones que deben presentar al respecto los empleadores”.


SUBIR CUOTA A 2% Y EXENCIONES TRIBUTARIAS
La investigación basada en una revisión documental y que reúne información teórica y empírica sobre la ley 21.015 también propone elevar el porcentaje de reserva y con enfoque de género porque la participación femenina aún está al debe.
“Por parte del sector público, es necesario avanzar hacia una cuota del 2% con paridad de género gradual puesto que las mujeres con discapacidad tienen una baja tasa de ocupación laboral aun cuando está en vigencia la presente ley”, observó Poblete.
El texto desarrollado por el Área de Estudios y Publicaciones de la Fundación Chilena para la Discapacidad también aconseja apelar a la exención tributaria como mecanismo para mejorar tanto el número de colocaciones como las condiciones laborales en las que estas personas se desenvuelven.
Por último, agregó que faltan más políticas de capacitación las que a su parecer se pueden generar dentro del marco de buenas prácticas de las empresas para que la inclusión de las personas con discapacidad no se aborde solo desde un punto de vista asistencialista, sino que más bien desde el énfasis de fortalecer las capacidades de estos trabajadores y reducir las diferencias existentes.


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