En el marco de la tramitación del proyecto que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, la iniciativa consagra el deber estatal de promover la seguridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Lo anterior con especial atención a las garantías reforzadas que surgen desde su posición de personas defensoras de derechos humanos.

El texto apunta al resguardo de las personas cuyas labores están estrechamente relacionadas con la libertad de prensa y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Asimismo busca proteger el acceso a la información y la gobernanza democrática.

De igual forma pretende fortalecer los marcos jurídicos nacionales y mecanismos de protección destinados a salvaguardar la seguridad a quienes ejercen labores de comunicación.

Además, pretende garantizar un entorno propicio para los y las periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Con ello, otorgar salvaguardas reales y exigibles al ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de toda la población. También, refuerza la libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación; así como el acceso a la información de la comunidad en su conjunto.