Por unanimidad, la Comisión de Constitución aprobó en general el proyecto que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia, adultos mayores y personas con discapacidad.

La propuesta, originada en un proyecto del gobierno junto a una iniciativa parlamentaria, aumenta las penalidades en delitos de robo con violencia o intimidación, cometidos contra personas en atención a su edad o condición de salud.

Durante la discusión preliminar, las parlamentarias y parlamentarios coincidieron que se debe profundizar en conceptos como “personas con discapacidad” y “en situación de discapacidad”, ambos contenidos en la norma.

El texto aumenta el marco punitivo. De esta forma, en los delitos de robo con violencia o intimidación en las personas, si, además, se comete homicidio o violación, se excluye el grado mínimo actual (presidio mayor en su grado máximo) y se aplicará desde presidio perpetuo simple a presidio perpetuo calificado.

Además, la propuesta plantea que si en dicho delito la víctima es menor de 14, mayor de 65 años, o sea una persona con discapacidad, se excluirá la pena mínima.

En el caso de violación, si se comete, además, homicidio o femicidio a un menor de 14, mayor de 65 años o persona con discapacidad, la pena se impondrá en su máximo, es decir, presidio perpetuo calificado.