Permitir un reconocimiento efectivo del derecho social a la educación y terminar con situaciones de abuso e indefensión de deudores educacionales. Ese el objetivo del proyecto que analizó y aprobó la Comisión de Educación de la Cámara.
La iniciativa, proveniente del Senado, busca interpretar la Ley sobre protección de derechos de los consumidores (19.496). Esto, con el fin de permitir su aplicación a los contratos de créditos para financiar estudios de educación superior.
Junto a aquello, modifica las normas que regulan los créditos universitarios (leyes 19.287 y 20.027). En este caso, el objetivo es terminar con condiciones que permiten situaciones de indefensión de las y los estudiantes.
Finalmente, el proyecto interpreta la llamada Ley de Quiebras (20.720), para establecer que las deudas adquiridas por educación superior puedan sujetarse a sus procedimientos.
La modificación, aprobada en la instancia, considera que el afectado sea la o el deudor, su cónyuge o conviviente civil o de un familiar en primer grado de consanguinidad. También considera “cualquier otra causal”, mientras sean “debidamente calificadas”.