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El Diario del Maule Sur
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Opinión 12-07-2020
REFLEXIONES SOBRE NULIDAD DEL PROCESO CONSTITUYENTE
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MANIFIESTO

El acuerdo adoptado por los presidentes de partidos políticos en la noche del 15 de noviembre, en orden a obtener el compromiso a descomprimir el descontento por parte de ciudadanos por sus muchas obligaciones y pocos beneficios, fue producto de un verdadero chantaje por parte de un abundante grupo de desalmados y de algunos políticos que se aprovecharon de ello para comprometerse a obtener la posibilidad de reformar la Constitución Política vigente, lo cual no pedían dichos ciudadanos y que no traería consigo las aspiraciones directas requeridas por ellos. Sin perjuicio que es necesario reconocer, en general, el buen espíritu de los firmantes para el efecto de disminuir la violencia imperante.

Pues bien, dicho acuerdo y el procedimiento ideado para la reforma constitucional, no cumplen con lo establecido especialmente en el capítulo XV de nuestra Constitución, y en sus artículos 127 al 129.

En efecto, la primera de dichas disposiciones señala expresamente que “los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del presidente de la república o por moción de cualquiera de los miembros del congreso nacional”. Ello significa, que para que se pronuncie el congreso sobre una reforma constitucional, deberá ocurrir previamente -como es lógico- que se haya presentado un proyecto de reforma y que éste sea conocido por los miembros de los poderes del Estado y la ciudadanía. Caso éste que no se daría en conformidad al acuerdo señalado, ya que la Constitución a redactar y que sustituiría -en su caso- a la vigente, no sería conocida por quienes deben pronunciarse sobre si prefieren que la carta fundamental actual sea o no reemplazada por otra que se ignora.

Si se pudiera ilustrar con un modismo criollo, podríamos decir que el acuerdo de los partidos políticos está, en definitiva, invitando a la ciudadanía a jugar a “la gallinita ciega”, lo que resulta inaceptable para una nación madura compuesta de ciudadanos que a través del tiempo han demostrado haber podido construir un país respetable y respetado.

Aún más, ello significaría que los votantes son inducidos al error que existirá cuando habiendo votado por la aprobación, constaten que de haber conocido el texto de la nueva Constitución, habrían votado por su rechazo. Lo que constituiría un error en el consentimiento. Y el acto eleccionario sería nulo.

La sanción a las actuaciones de los representantes que firmaron el señalado acuerdo y a las normas que se dicten conforme a ello y los actos posteriores, es la nulidad. En efecto, los artículos 6 y 7 de la Constitución expresan que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, lo que no ocurriría en el caso en comento. Y agrega, que “todo acto en contravención a este artículo es nulo”.

Pero hay una tercera razón para concluir que lo obrado por ese acuerdo y la ejecución posterior que se pretenda hacer, llevaría a la misma sanción de nulidad. Porque ellos constituyen actos jurídicos, entendiendo por éstos la manifestación de voluntad que se hace con la intención de crear, modificar o extinguir un derecho.

Y dichos actos jurídicos requieren para su validez, que estén exentos de los vicios del consentimiento, como son entre otros, el error y la fuerza. Esta puede ser física o moral, y ésta última la constituye, por ejemplo, la amenaza dirigida contra una persona para hacer que nazca en su espíritu un temor insuperable o una impresión fuerte en una persona de sano juicio. Como el temor de verse expuesta ella, su cónyuge o algunos ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave, como lo establecen la ley, doctrina y jurisprudencia.

Y ocurre que lo hecho, y lo que consecuencialmente pretende hacerse en virtud de ese acuerdo, sería producto de una fuerza moral constituida por la urgencia en obtenerse y difundirse (24 horas) frente al riesgo inminente de la destrucción total de la capital de Chile y varias de sus ciudades, por asoladores que no trepidaban ante nada ni nadie para conseguir el fin de atemorizar a los chilenos y el de la reforma completa de un modelo jurídico y cultural acendrado en nuestro país, que además, había llegado a ser admirado en el mundo entero. Sin perjuicio de las modificaciones legales que pudieran dictarse para lograr acceder a los requerimientos ciudadanos, por ser materias de una ley simple.

Tan grave resulta ser una amenaza, que por sí sola cuando se sufre, respecto de un legítimo derecho -y especialmente de la mayoría de las garantías constitucionales- producto de actos y omisiones arbitrarias o ilegales, el artículo 20 de nuestra Constitución, da lugar a un amparo para que la Corte de Apelaciones respectiva adopte las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho.

Pero hay más. El artículo 1462 del Código Civil dispone que hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno. Razón, a mayor abundamiento para considerar que un acto que adolece de transgresión a una norma constitucional- además del error y la fuerza- hace que el proceso constituyente referido no es válido.

En consecuencia, el proceso constituyente -de la manera acordada- haría que la eventual nueva Constitución estaría viciada desde su origen por las múltiples razones jurídicas antes señaladas. Y el acuerdo que convoca a ello tendría una génesis espúria

Esas circunstancias hacían muy probable que hubiera, producto de esa violencia, muchos heridos, muertos y cesantes, por ejemplo. Temor del que no estaban exentos, con justa causa de razón, los miembros de las directivas políticas. Y no sólo ellos, si no probablemente tampoco lo estaban hombres y mujeres que integran la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Tribunal Calificador de Elecciones, que en circunstancias normales no habrían jamás, ni menos conjuntamente y a las pocas horas, halagado el acuerdo y la creación de una nueva constitución, toda vez que son precisamente éstos los que deberían resolver sobre cualquier divergencia o acciones que se producirían respecto de dicho proceso constituyente, con la consiguiente y grave inhabilitación de sus miembros.

Si el proceso constituyente es nulo, como lo hemos acreditado, los actos relativos a éste quedarán sin efecto, y se retrotraerá al estado anterior a su nulidad. Y así, los que realicen dichos actos, sean administrativos, disposiciones de fondos fiscales para financiar el proceso, u otros, quedarán sujetos a las responsabilidades que establece la ley.

En definitiva, Chile se encuentra en una encrucijada consistente en: la capitulación de la democracia producto del chantaje de la violencia, que aún se mantiene no obstante el acuerdo suscrito. Precisamente para asegurarse que esos ilícitos continuados llevarán al éxito a los hechores para conseguir la reforma constitucional. O, la resistencia a esa fuerza, constituida por acciones planificadas con la ayuda de otros países, comprometiendo incluso nuestra soberanía y seguridad nacional.

Si se capitula, la fuerza moral podrá ejercerse cada vez que esos políticos foráneos y/o internos, aspiren a extremar su nuevo “modelo” por los mismos métodos y con los mismos “colaboradores”. Pero en cambio, si se resiste, en virtud de la ilegalidad del acuerdo propuesto y su proyección usando para ello los mecanismos democráticos establecidos en la constitución y la ley, podremos darle un país más pacífico y estable a sus habitantes. Lo que implica -como primer paso- rechazar de plano lo propuesto por los partidos políticos del país, en orden a que se pueda dictar una nueva constitución que no se conoce en qué consistirá, cuántos valores de nuestra república no se respetarán, y qué modelo se pretendería establecer, teniendo para ello como socios a los mismos que quieren destruir lo obrado en Chile durante dos siglos de historia, y su cultura y derechos consagrados como la libertad, incluida en ésta las creencias que se pretenden conculcar a través de una planificada destrucción de muchos de nuestros templos.
Cuando se amaga el derecho en una sociedad, normalmente ello conduce a la violencia, e incluso puede llevarla a su total decadencia. Por el contrario, si se respeta el derecho resulta ser éste el instrumento más eficaz y pacífico para obtener el progreso y la paz.

De esta forma, sólo procede llamar a resistir a la capitulación de la democracia así acordada, rechazando si se insistiera en un plebiscito, a una supuesta nueva Constitución, disipando además las “brisas bolivarianas”, y afirmando con fuerza nuestra soberanía.

Así las cosas, si se requieren modificaciones legales y/o constitucionales para perfeccionar nuestros cuerpos jurídicos y se hace con respeto y prudencia, nuestro país podrá ser incluso mejor que el de ayer. A través de estos fundamentos que hoy entregamos a nuestros compatriotas. Rogando a Dios que ilumine a nuestras autoridades para ello.



Sergio García Valdés
Abogado


Jorge Reyes Zapata
Abogado


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