Llevamos poco más de un año conviviendo con una crisis sanitaria cuyos efectos revelaron tempranamente la fragilidad de un sistema social que afecta, por cierto, a unos más que a otros. Poco después de que arribaron los primeros casos de contagiados de Covid-19 a nuestro país comenzó el confinamiento, la pérdida de empleos y la crisis económica. A nivel social, y como no se veía desde la época de la dictadura, las familias se volvieron a organizar en torno ollas comunes como única forma de conseguir alimentos.
En plena pandemia, el principal objetivo de las restricciones de movilidad es evitar la propagación del virus, es cierto, pero con la misma urgencia se debe garantizar el acceso a los alimentos para que las personas puedan respetar el confinamiento sin tener que salir a buscar sustento necesario para subsistir, exponiendo su salud.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define como seguridad alimentaria aquella “situación que existe cuando todas las personas, en todo momento, tienen suficiente acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias” (2006).
Intentar garantizar esa seguridad ha sido la primera preocupación pública durante el último año. Por ello se han repartido canastas básicas, permitido retiros el 10% de los ahorros previsionales (en 2 ocasiones y ya sabremos si serán 3 o incluso más), se generó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y se desarrollaron otras iniciativas tanto públicas como privadas destinadas a garantizar que las personas pudieran contar, entre otras cosas, con comida.
Para garantizar aquello hay una cadena, muchas veces invisible, que forma parte de los servicios esenciales de nuestra sociedad. La cadena de producción y suministro de alimentos. Es así como, además de la pandemia, los agricultores han debido sortear con dificultad dos años de eventos climáticos desastrosos: la peor sequía en un siglo que se produjo en 2020 y este verano una lluvia de proporciones que no habíamos visto antes. El cambio climático avanza y nos toca lidiar con sus consecuencias. En este sentido, la cadena de producción y suministro de alimentos en Chile ha mostrado una enorme resiliencia que es relevante reconocer. Pese a todos los problemas descritos estos trabajadores esenciales han logrado asegurar que los alimentos, a lo menos, estén disponibles en el mercado.
Por ello, es oportuno que revisemos algunos números que nos permitan entender cuál es el perfil de estas personas que nos ayudan en el suministro el alimentos. El 90% de las unidades productivas del país (lo que llamamos más comúnmente predios o campos) corresponden a agricultura familiar campesina. Según los últimos datos disponibles, el 58,4% de estas unidades productivas corresponden a pequeños productores, que en menos de 10 hectáreas, muchas veces junto a sus familias, producen entre el 40 y 50% de los alimentos básicos de Chile. El 75% de estos pequeños productores se concentran entre nuestra región del Maule y Los Lagos, y son responsables del 60% del empleo agrícola (si incluimos el autoempleo). El 40% de la mano de obra de la agricultura familiar campesina corresponde a mujeres. Este porcentaje ha ido creciendo con los años y hoy el 61% de las mujeres productoras son jefas de la explotación.
Durante este complejo período, el transporte de los productos también ha significado un desafío. Para poder garantizar el suministro, los alimentos deben ser llevados desde el campo a la ciudad, sorteando las dificultades de desplazamiento producto de las cuarentenas, para llegar finalmente con los productos a sus destinos. Muchos minoristas han debido superar estas mismas dificultades para llegar a las más de mil ferias libres que existen a lo largo del país y que son responsables del abastecimiento del 70% de frutas y verduras.
La seguridad alimentaria de las chilenas y chilenos en tiempos de pandemia ha sido un esfuerzo colectivo, silencioso y riguroso que ha funcionado sin descanso. Sin embargo, requerimos de una gestión eficiente que nos permitirán mirar hacia el futuro y pensar en desarrollar políticas públicas que equilibren las oportunidades de los espacios de pequeños productores agrícolas, como cientos de familias del Maule Sur, respecto de los grandes, garantizando que se abran espacios de comercio justo.
También necesitamos pensar en las garantías alimentarias que debemos ser capaces de ofrecer, como país, a nuestros habitantes. Debemos desarrollar y contar con protocolos que nos permitan resolver eficientemente y con seguridad los momentos críticos como el que nos ha tocado vivir durante esta pandemia.
No podemos bajar los brazos. Asegurar la disponibilidad y acceso a los alimentos no sólo es “esencial”, es vital.

Ricardo Montero Allende, abogado