La legitimidad de un sistema tributario se mide también por la eficiencia en el gasto orientado a satisfacer aquellas necesidades que son prioritarias para la ciudadanía. Invertir en un sistema de salud de calidad genera una sensación presente de estabilidad y certeza en trabajadores y emprendedores, quienes se liberan de una preocupación que lastra sus potencialidades económicas, lo que a la larga va en beneficio directo de la economía y del país en su conjunto. En consecuencia, requerimos un amplio acuerdo político que nos permita repensar la salud como un eje del desarrollo nacional.

Nos acercamos al balotaje presidencial y los candidatos comienzan a hacer ajustes en sus programas para seducir a parte de ese electorado que no votó por ellos en la primera vuelta. Como es normal, ambos despliegan miradas distintas sobre los impuestos: uno plantea realizar ajustes al sistema tributario para aumentar la recaudación, mientras que el otro propone bajarlos a efectos de estimular la actividad económica, lo que, en teoría, permitiría aumentar la captación de recursos frescos a fin de hacer frente a las necesidades de la ciudadanía.

Independiente de la preferencia de cada cual, lo ineludible será tornar más eficiente el gasto público, de tal manera de focalizar la inversión social hacia áreas que presentan enormes urgencias y desafíos. Ciertamente que hay miradas tan discordantes como legítimas respecto del régimen tributario que debemos tener (integrado, semintegrado, etc.), pero si hay algo que la experiencia internacional nos demuestra es que los impuestos se pagan con gusto si vemos que ellos sirven para mejorar directamente la calidad de vida de las personas, lo que finalmente incide positivamente en el conjunto de la sociedad. Nada transmite mejor esta idea que una gran cobertura en salud y la entrega gratuita de medicamentos o, en su defecto, su venta a precios más razonables.

Chile cuenta actualmente con 85 patologías consideradas en el plan de Garantías explícitas de Salud (GES) y un programa PAD (“Pago Asociado a Diagnóstico”), que cubre algunas atenciones hasta 15 días después del alta, incluyendo controles postoperatorios, reparación de lesiones iatrogénicas (es decir, aquellas afectaciones a la salud provocadas por personal médico sin intención de ocasionar daño), y el tratamiento de las complicaciones más frecuentes. En cuanto a los medicamentos, la Política Nacional de Medicamentos que impulsó Fonasa en 2019 incluyó una licitación para que sus más de 14 millones de beneficiarios pudieran acceder a descuentos preferentes en cerca de 2.700 medicamentos.

El presupuesto del Ministerio de Salud para 2021 llegó a los USD$13.248 millones, alcanzando cerca de un 8% del PIB. Resulta fundamental incrementar el caudal de recursos considerando que, a causa de la pandemia, obtuvimos un récord de 2 millones de pacientes en listas de espera.

Asimismo, es fundamental que el Estado de Chile negocie mejor con las industrias farmacéuticas, amén de otras medidas y acciones tendientes a reducir el alto costo de los medicamentos. Según un estudio del CEP, el gasto en medicamentos de un hogar promedio es de 25.834 pesos ($9.871 por persona). Sin embargo, si se considera sólo a los hogares que destinan recursos a fármacos (53,4% de los hogares), estas cifras suben a 48.371 y 18.483 pesos por hogar y por persona, respectivamente, cifras que son aún mayores (105.980 y 40.267 pesos, respectivamente) en el 20% de los hogares de mayor gasto en medicamentos. Este enorme caudal de recursos de las familias bien podrían ir destinados al consumo o al ahorro con fines de inversión.

Así las cosas, cualquier reestructuración tributaria debe apuntar al robustecimiento del presupuesto en salud como un ítem prioritario. Ciertamente que las pensiones constituyen otra urgencia social, pero una salud garantizada y oportuna tiene un impacto presente, toda vez que contribuye a estabilizar el panorama de quienes se encuentran lejos de la edad de jubilación. La inversión en salud es, en toda línea, un estímulo directo al crecimiento económico.

Invertir en salud es otorgar certezas a las familias chilenas, y de un modo indirecto equivale a invertir en la capacidad productiva del país y estimular su crecimiento. O dicho aún más en simple: un sistema tributario orientado a garantizar salud de calidad es igual a poner dinero en el bolsillo del contribuyente.

Iván Cifuentes, Director de Cifneg Consultores.