Dos resoluciones aprobadas esta semana por la Sala de la Cámara llaman al Presidente de la República a poner atención sobre las consecuencias del alza de los precios de los insumos de la construcción, tanto para la correcta ejecución del plan de construcción de viviendas sociales, como para los programas de reparación de inmuebles.
A través de una de ellas se solicita que, por medio del accionar conjunto de los ministerios de Vivienda y de Hacienda, el Gobierno se haga cargo del déficit presupuestario que presentan los proyectos de viviendas sociales.
La acción busca evitar que se le niegue el derecho a la vivienda a miles de personas que anhelan el sueño de la casa propia. Asimismo, que siga aumentando el número de familias que viven en situación de campamento.
Según datos aportados en el documento, los subsidios para viviendas sociales han caído en más de 20 mil viviendas, en los últimos 10 años. Por otra parte, el número de familias en campamentos está llegando a 81 mil, el índice más alto desde 1996.
Se resalta que, del total de contratos licitados en 2020 para conjuntos de viviendas sociales, casi 80 están en riesgo de no realizarse. Lo anterior, porque las empresas contratistas se están quedando sin recursos para su ejecución. Ello, porque los contratos no incluyen una cláusula que considere la variación de los precios de los materiales.
La segunda propuesta que abordó este tema manifiesta la preocupación ante el alza de los precios en el mercado sobre materiales de la construcción. En particular, el llamado de atención es a la insuficiencia del monto entregado en subsidio por la Tarjeta Banco de Materiales (TBM).
En dicho contexto, se llama al Ejecutivo a considerar un aumento del subsidio, por intermedio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.