15-10-2021
El mes de octubre del año 2020 el Poder Judicial de Chile por intermedio de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, evacuó un documento denominado Informe de Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia usuarias del Poder Judicial. Dicho estudio arribó a algunas preocupantes conclusiones, tales como la ausencia de formación especializada en cuestiones de género acompañada de una percepción generalizada de que los actores de la red no cumplirían cabalmente sus funciones, entre otros.
Tristemente, algunas de estas observaciones no son novedad, por el contrario, obedecen a problemáticas que se ven replicadas -en mayor o menor medida- en prácticamente toda la red de servicios encargados de proteger a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad: SENAME, SENAMA, SERNAMEG o SENADIS.
Indagando respecto a los orígenes de dichos ejes críticos, encontramos que, por ejemplo, un estudio del año 2019 elaborado por el programa Compromiso País evacuó el denominado “Informe de diagnóstico y mejoras programa de violencia contra la mujer SERNAMEG” ya identificaba como problema base de dicho servicio la alta rotación de personal -atendidas las condiciones laborales- sumado al desgaste emocional (burnout) y el abandono del servicio, cuestión que en general termina por dificultar la acumulación de conocimiento y experiencia de los profesionales.
El escenario anterior se repite, en similares términos, en un informe elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que tuvo por objeto analizar ejes críticos dentro de residencias del SENAME (Actual “Mejor Niñez”), en esta oportunidad se destacó la soledad y abandono en términos institucionales, el fracaso de las intervenciones, la alta rotación del personal y la falta de coordinación en red. Conocida es la crisis del sistema de protección a la infancia y adolescencia en Chile, ante un escenario donde el 70% de niños, niñas y adolescentes declaran haber sido víctimas de violencia, y en el que lamentablemente vemos los frenos que ha interpuesto el gobierno y la derecha para que contemos con una Ley de garantías de la Niñez, siendo nuestro país el único en Latinoamérica que aún no cuenta con una Ley de Garantías.
Pero si logramos identificar con claridad los problemas ¿por qué los servicios no logran funcionar como debiesen? La respuesta trasciende dichas instituciones y se ubica en un entramado de relaciones de poder, dinero y principalmente nepotismo, cuestiones que se puede reducir en: porque al poder político le es útil que sigan así.
La actual configuración -o mejor dicho desconfiguración- de la citada red de cuidados ha generado una serie de prácticas de las cuales el poder político tradicional se ha alimentado hasta el hastío. Prácticas que parten por elegir Directores de servicios no por sus aptitudes e idoneidad sino como una forma de premiar la fidelidad de los militantes para con el gobierno de turno; prácticas que implican bajos costos económicos valiéndose de trabajadores en modalidad de subcontratación, con contratos a honorarios pese a tener horarios, funciones y continuidad durante años; prácticas que dejan la puerta abierta para que el poder político obtenga réditos económicos entregando la ejecución de algunos programas a uno de los organismos más cuestionados de toda nuestra institucionalidad: Los Municipios -encabezados por Alcaldes que se valen de estos servicios para premiar con puestos de trabajo a sus adherentes de turno- prácticas que privilegian los números por sobre la calidad de la atención, y que pese a los múltiples cuestionamientos -de público conocimiento y sostenidas a lo largo del tiempo- se han preferido perpetuar en un cómplice silencio porque simplemente son convenientes para el Estado.
De allí que noticias como que la ex-ministra de la mujer Macarena Santelices -hoy vocera de Jose Antonio Kast- haya designado como jefe de la división de Estudios del Servicio Nacional de la Mujer al director del diario La Cuarta y organizador del piscinazo de la reina de Viña en el Hotel O’Higgins o incluso que el Director del Servicio Nacional del Adulto Mayor haya celebrado múltiples y convenientes convenios entre dicho servicio y una fundación que él mismo presidía -siendo sumariado por Contraloría por el evidente conflicto de intereses- no debieran sorprendernos en lo más mínimo.
Dichos ejemplos no son más que las distintas caras de esta verdadera repartija política que carcome nuestra actual red de cuidados y de la cual, el poder político, se ha venido alimentado hasta el hastío en desmedro de usuarias, profesionales, familias y comunidades completas.
Por ello reafirmamos nuestro compromiso como Pacto Apruebo Dignidad en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC), organismo autónomo y descentralizado que tenga a su cargo la protección de los grupos más vulnerables de nuestro país (mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, etc.) agrupando en una institución supervisora y con amplias potestades, los diversos programas que hoy en día existen de manera atomizada, para de esa forma, con un mayor control e independencia del poder político, dar el primer paso en la articulación de una nueva red de cuidados que cumpla con los estándares exigidos por los pactos de derechos humanos celebrados y ratificados por Chile respecto de grupos de mayor vulnerabilidad.
Consuelo Veloso, candidata a diputada por el Maule Sur
http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/no-ms-favores-polticos-en-servicios-pblicos-como-sename-y-senama | 06-07-2025 07:07:47