La Sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión que investigó los actos del Gobierno en el cumplimiento de normativas sectoriales, fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica y agua potable (CEI 59). Apuntó, especialmente, a los eventos climáticos que afectaron a las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, entre los años 2023 y 2024.
El texto señala que existieron deficiencias en infraestructura y de respuesta institucional ante interrupciones de los servicios básicos por emergencias. Así, se identificaron problemas en la coordinación permanente entre las empresas transmisoras y distribuidoras con los órganos de emergencia.
También se detectaron deficiencias en la poda de árboles, lo que resulta perjudicial para la infraestructura eléctrica. El documento indica que no existe claridad respecto de quiénes son responsables de esta gestión. Por lo tanto, se recomienda robustecer las sanciones a dueños negligentes y obligar a los municipios a coordinar de forma activa, permanente y preventiva esta mantención con las empresas distribuidoras de energía.
En la misma línea, se observa la necesidad de agilizar el retiro de cableado en superficie y, en la medida de lo posible, promover su soterramiento.
Por otro lado, se establece que las empresas distribuidoras carecen de una buena capacidad de respuesta en emergencias.