La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara despachó el articulado del proyecto que amplía las facultades de las policías para el control de identidad, facilitando la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación. Su objetivo es mejorar la persecución penal en dichos delitos.
El texto se originó en una moción parlamentaria ingresada en 2022. La iniciativa aprobada en mayo pasado en su idea de legislar, fue objeto de indicaciones, que se revisaron en la última sesión de la instancia.
Tras un exhaustivo análisis, la comisión aprobó que el control de identidad se realice hasta 10 kilómetros de la frontera, o entre el mar territorial y las aguas interiores. Allí, la autoridad policial estará autorizada a registrar vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, pudiendo detenerla sin necesidad de orden judicial, si la sorprende en flagrancia o se determina que posee orden de detención pendiente.
El proyecto quedó en condiciones votarse en la Sala de la Cámara.