Dos proyectos refundidos que buscan regular la instalación de asentamientos irregulares en bienes nacionales de uso público -conocidos como “rucos”- analizó la Comisión de Gobierno Interior.
Una de las mociones sanciona la ocupación de estos espacios mediante instalaciones precarias que sirven de base para la comisión de delitos . La segunda modifica los códigos Penal y Procesal Penal para tipificar como delito el empleo de bienes públicos o de libre acceso al público para habitar o pernoctar.
Durante la sesión expuso en primer lugar la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf. En su presentación sostuvo que la proliferación de instalaciones precarias constituye una preocupación para el Estado. Sin embargo, enfatizó que la situación de calle responde a un fenómeno social complejo, cronificado y multicausal, que requiere respuestas que trasciendan el ámbito de la seguridad pública.
Asimismo, señaló que factores como problemas de salud mental, consumo problemático de alcohol y drogas, exclusión laboral, pobreza persistente y dificultades de acceso a vivienda confluyen en este fenómeno.
En cuanto a las cifras, señaló que 20 mil personas aparecen identificadas en registros oficiales de situación de calle y que más de 50 mil personas se vincularon con programas estatales durante 2025.