La decisión del Gobierno de reemplazar el sistema de concesiones por financiamiento directo para los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150-Autopista Concepción-Talcahuano, en la región del Biobío, abrió un nuevo flanco para el Ejecutivo. Más allá de la controversia política en la región, gremios empresariales, representantes de inversionistas y expertos en infraestructura advirtieron que modificar un proceso licitatorio cuando estaba en su etapa final daña la confianza en el modelo de concesiones y envía una señal de incertidumbre para futuros proyectos de inversión. Las críticas surgieron luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara la suspensión de las licitaciones por razones de estrechez fiscal.
Sin embargo, tras los cuestionamientos de autoridades regionales y del sector privado, el Gobierno rectificó el rumbo. El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, aseguró este jueves que las obras sí se ejecutarán, mantendrán sus diseños, plazos y generación de empleos, aunque ahora serán financiadas con recursos directos de la Dirección de Vialidad. "La decisión es la correcta", afirmó tras reunirse ayer con el gobernador Sergio Giacamán, parlamentarios y alcaldes del Biobío. De Grange insistió en que el cambio será únicamente en el mecanismo de financiamiento y descartó retrasos en la ejecución. "El proceso original del proyecto consideraba que los estudios de ingeniería se realizaban en los años 2027 y 2028 (...) se esperaba que, en el mejor de los casos, el proyecto estuviese abierto a la ciudadanía a fines del año 2031. Esos plazos se mantienen", sostuvo. Con todo, las explicaciones del Ejecutivo no lograron disipar las dudas del sector. Los cuestionamientos apuntan a que los proyectos habían sido licitados bajo el sistema de concesiones durante 2025, contaban con un único oferente -una firma ligada al grupo español Azvi- y estaban próximos a su adjudicación, por lo que cambiar las reglas en esa etapa podría afectar la confianza de inversionistas en futuros procesos.