Aceptar los términos y condiciones de un servicio podría dejar de ser el punto final de la gestión del consentimiento para convertirse apenas en el inicio de una nueva obligación para las empresas. Con la pronta entrada en vigencia de la Ley N°21.719, las organizaciones que traten datos personales deberán elevar el estándar sobre cómo gestionan, documentan y acreditan los permisos otorgados por sus titulares.
La nueva regulación no sólo establece mayores obligaciones para quienes manejan información de clientes, trabajadores, proveedores o postulantes, sino que incorpora un cambio relevante en la forma de entender el consentimiento. El desafío será poder demostrar quién lo otorgó, cuándo lo hizo, bajo qué condiciones y para qué finalidad, además de contar con mecanismos que permitan modificarlo o revocarlo posteriormente.
El consentimiento deja de ser simplemente una casilla que una persona marca en un formulario. Se transforma en una evidencia digital que la organización debe ser capaz de acreditar y gestionar durante todo su ciclo de vida. Esto implica saber quién otorgó ese consentimiento, cuándo, para qué finalidad y qué sucedió después con él, explica Raúl Leal, Gerente de Nuevos Negocios de BeTrust, ecosistema -parte del Grupo Sable- que busca consolidar distintas capacidades de confianza digital en una única plataforma.
La implementación de la normativa también marcará un cambio institucional, ya que la Ley N°21.719 contempla la creación de la primera Agencia de Protección de Datos Personales de Chile, con facultades de fiscalización y sanción, incluyendo multas que pueden llegar hasta las 20.000 UTM. Por ello, para las empresas el desafío no será únicamente jurídico, sino también operativo y tecnológico.