El senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud en la Cámara Alta, interpuso un requerimiento formal -ante la Contraloría General de la República- que solicita revisar la legalidad de la suspensión indefinida de la Ley Ricarte Soto, encargada de financiar tratamientos de enfermedades poco frecuentes.
El parlamentario aseguró que la iniciativa se encuentra virtualmente congelada, afectando la implementación de 39 tratamientos ya admitidos y dejando en la incertidumbre a más de 30 mil pacientes.
Castro también acusó que, pese a las promesas del Gobierno de Gabriel Boric respecto a ampliar la cobertura de la ley, no se han incorporado nuevas enfermedades desde 2023: "La ley prometió terminar con los bingos, los beneficios y la solidaridad de los chilenos y que el Estado se hiciera cargo. Pues bien, yo vengo a denunciar que el Estado no se ha hecho cargo de los pacientes", fustigó el legislador socialista.
"He venido a exigir a la máxima autoridad que actúe también fiscalizando al Estado y haga la disponibilidad de recursos para que ellos tengan un alivio y una solución. De lo contrario, estamos haciendo que muera lentamente la Ley Ricarte Soto en la práctica para los pacientes beneficiados", advirtió.
El senador aseguró que el principal obstáculo radica en el Ministerio de Hacienda, que no ha entregado el informe de sustentabilidad financiera obligatorio para avanzar en la cobertura. La cartera había establecido, en el año 2022, que los fondos de la ley Ricarte Soto terminarían en 2028.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la contralora Dorothy Pérez acogió la denuncia y confirmó el inicio de una investigación.