Fortalecer la protección de las personas mayores, con discapacidad y neurodivergentes, como usuarios del transporte remunerado de pasajeros, es la finalidad del proyecto que comenzó su estudio en particular en la Comisión de Personas Mayores de la Cámara.

El objetivo es garantizar y fortalecer la integridad física y psíquica de los usuarios del transporte remunerado de pasajeros. Además, elevar los estándares de operación y fiscalización del sistema de transporte.

En ese plano, se modifica la Ley del Tránsito, para sumar un examen médico que respalde el requisito general de entregar una declaración jurada de salud para obtener una licencia de conducir. La idea es demostrar que no se es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas.

Además, la norma reduce, de cuatro a dos años, el plazo para renovar las licencias de conducir, con el fin de evaluar con mayor frecuencia la aptitud de los conductores. Asimismo, dispone que, si las personas que desean subir al vehículo son adultos mayores, personas con discapacidad o neurodivergentes, el conductor deberá otorgar el tiempo necesario para facilitar su acceso, absteniéndose de realizar comentarios o expresiones que puedan afectar su tranquilidad o dignidad, así como la de sus acompañantes.