Fue el propio Municipio de San Javier que el año 2023 hizo entrega a la Fiscalía local de una serie de antecedentes que motivaron al Ministerio Público abrir una investigación penal en contra de un funcionario por el delito de malversación de caudales públicos, al constatarse la pérdida de una millonaria suma de dinero.
Esta persona, de planta administrativa, desempeñaba labores en la oficina de Fonasa y su función era la venta directa de bonos a la comunidad para, al finalizar el día, ingresar los dineros a la tesorería municipal a fin de que estos fueran depositados en la cuenta corriente respectiva. Además, el imputado bajo su esfera de responsabilidad y de forma exclusiva, manipulaba dinero en efectivo dentro de una caja fuerte a su cargo.
Tras el cierre de la investigación el fiscal jefe de la comuna Patricio Caroca presentó acusación en contra del funcionario municipal logrando, en procedimiento abreviado, una condena en su contra.
Durante el año 2023 la fiscalía recibió una denuncia de parte de la municipalidad de esta comuna, en el sentido que un funcionario - Pablo Guerrero Aravena - encargado de la venta de bonos de Fonasa en esa comuna, se apropió durante los meses de julio a agosto del año 2023 de poco más de 25 millones de pesos. Las diligencias ordenadas por la fiscalía permitieron establecer el modus operandi del imputado y así mismo su responsabilidad. Hace una semana y ya culminada las diligencias de investigación se dicta una sentencia condenatoria en contra del imputado a una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, además de una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales y así mismo, gracias a las diligencias dirigidas por el Ministerio Público, se logra recuperar la suma de 25 millones de pesos que fueron reintegrados por el imputado a las arcas municipales. Así, no sólo se establece el hecho y condenar al imputado, sino que también se logra resarcir el perjuicio ocasionado por esta persona a través de esta malversación de caudales públicos afirma el fiscal Caroca.
El tribunal en su resolución sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad por la libertad vigilada intensiva, lo anterior por igual término de la pena privativa a la que fue condenado, debiendo presentarse el condenado a Gendarmería de Chile de Linares en forma periódica.