Aumentar las sanciones aplicables a los atentados contra la autoridad, especialmente en el caso de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Esto es lo que busca el proyecto despachado por la Comisión de Seguridad Ciudadana.

El texto eleva en general las penas de los atentados contra la autoridad a presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años). Esto junto a una multa de 11 a 20 UTM (entre $78.000 a $1.043.000, aproximadamente).

Pero, establece que cuando los hechos se cometan contra carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, solo resultará aplicable una pena privativa de libertad. Además, se establece como agravante el hecho de que los responsables actúen en grupo o individualmente, pero amparados por un grupo.

La propuesta también sanciona a quienes insulten u ofendan gravemente a estos funcionarios. El texto señala que, si durante el ejercicio de sus funciones se menoscaba la dignidad de la función policial o penitenciaria, será posible la detención de quienes incurran en esta conducta.
Las intervenciones favorables al proyecto valoraron el fortalecimiento de las herramientas de protección para carabineros, policías y gendarmes. Del mismo modo, destacaron que la propuesta resguarda la dignidad de la función policial sin afectar la libertad de expresión.