La Ley N°21.717 regula la realización de funerales que permitan presumir fundadamente que su realización representa un riesgo para la seguridad y el orden público. Cuando ello ocurra, la autoridad ordenará en el más breve plazo posible que la inhumación o cremación se realice dentro de las 24 horas desde su notificación.
El delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, expresó que “esta normativa nació del mensaje presidencial del Presidente Gabriel Boric, por lo que su aprobación en noviembre pasado y la puesta en marcha a contar de este 28 de mayo, es prueba del compromiso del Gobierno, donde nuestro principal objetivo es dar tranquilidad a las familias de que al realizarse un funeral de este tipo, no se vean afectadas sus actividades ni su seguridad”.
Según explicó la autoridad regional, “la condición de riesgo para un funeral será determinada por el delegado presidencial quien tomará en consideración un informe técnico que elaborará Carabineros de Chile, pudiendo incorporar otros antecedentes por parte de la Policía de Investigaciones o Gendarmería si fuese necesario, tras lo cual dicho funeral deberá ejecutarse dentro del plazo de 24 horas hecha la notificación.”
En tanto la seremi de Seguridad Pública, María José Gómez, explicó que “La ley dispone que en un plazo máximo de 24 horas desde su notificación se debe realizar la totalidad del proceso funerario. Ello comprende la inscripción de defunción en el Registro Civil, la identificación y el traslado del fallecido desde el lugar del deceso o desde el Servicio Médico Legal hasta donde se realizará la sepultación o cremación. Además, la inhumación deberá realizarse dentro de un cementerio o crematorio autorizado por el Código Sanitario”.
La resolución del delegado presidencial regional, considerará un informe técnico de Carabineros que consignará antecedentes delictuales de la persona fallecida y las circunstancias del deceso, entre otros. Dicho informe deberá ser entregado al delegado en un plazo máximo de dos horas desde el conocimiento del deceso. Simultáneamente, Carabineros determinará el tipo de despliegue y recursos necesarios para gestionar el riesgo asociado al funeral y comenzará a desarrollar acciones operativas. Para la calificación de riesgo, además, el Delegado podrá requerir información a la PDI y a Gendarmería.
En relación a los posibles delitos que se cometan en el marco de estos funerales, se establece que las penas aplicables excluirán el grado mínimo. Ello contempla los delitos cometidos dentro del cementerio o crematorio donde se realice una sepultación o cremación de la persona fallecida, así como aquellos que puedan ocurrir en las inmediaciones o durante el traslado del cortejo. Quienes incumplan la ley arriesgan penas de 541 días a 3 años y 1 día, así como una multa de 10 a 20 UTM.