La Comisión de Gobierno Interior despachó a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de ley, originado en mociones refundidas, que regula el consumo de drogas por parte de autoridades y la probidad.
La primera iniciativa modifica la Ley 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Refiere al control del consumo de drogas por parte de las autoridades y determinados funcionarios.
El segundo texto modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la probidad en el ejercicio de la función pública de las autoridades. Además, aborda la persecución del narcotráfico.
En los antecedentes, se indica que se deben impulsar medidas que permitan controlar, eficientemente, el consumo de drogas en la administración pública. La idea es resguardar el principio de probidad y asegurar la eficiencia en la labor gubernamental. Esto, considerando el alto nivel de responsabilidad que tienen las autoridades políticas en la gestión y dirección del país.
De acuerdo a lo respaldado por la comisión, no podrá ser Presidente/a de la República, diputado/a ni senador/a quien tuviese dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. La salvedad estaría dada en tanto se justifique su consumo por un tratamiento médico.
La limitante también aplicará para subsecretarios/as; jefes/as superiores de servicio, directivos/as superiores de un órgano u organismo de la administración del Estado; delegados/as presidenciales regionales o delegados/as presidenciales provinciales; gobernadores/as regionales; consejeros/as regionales; alcaldes/as o concejales/as.