La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara recibió a los representantes de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Público para conocer sus opiniones respecto del proyecto que plantea sancionar la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados de terceros.
El texto, de autoría del diputado Mauro González, apunta principalmente a perseguir la explotación sexual que realizan bandas criminales. Al respecto, se puntualiza que la explotación sexual es uno de los mercados ilícitos utilizados por estas bandas, porque es una actividad que se desarrolla en condiciones de informalidad, escasa trazabilidad y sin controles estatales suficientemente eficaces.
Por esta razón, señala el autor, la regulación del comercio sexual no debe entenderse únicamente desde un punto de vista sanitario, sino también como una herramienta de política criminal para reducir los incentivos económicos que sostienen mercados clandestinos, intermediación abusiva y explotación de personas en situación de vulnerabilidad.