Fiscales de Antofagasta fundaron requerimientos en recientes informes de la PDI e insistieron en "vínculo directo entre funcionarios públicos y directivos y profesionales de la fundación, que permitió la eventual comisión de delitos".
Un análisis de la contabilidad de la fundación Procultura realizó la Brigada Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la Policía de Investigaciones (PDI), en el caso en que la Fiscalía Regional de Antofagasta investiga fraude al fisco, entre otros delitos, relacionado con aportes de fondos públicos por más de $6 mil millones. Así lo detalla el informe policial N° 346 que, la misma unidad policial, despachó al Ministerio Público el 3 de octubre pasado. El documento fundó la solicitud de los fiscales Juan Castro Bekios, jefe regional de Antofagasta, y Eduardo Ríos, jefe de Alta Complejidad de la misma jurisdicción, ante el juzgado de garantía de esa ciudad, respecto del alzamiento del secreto bancario de los directivos del organismo, incluido uno de sus cofundadores, Alberto Larraín. Sin embargo, la medida intrusiva fue rechazada por el tribunal.
En el mismo día, además, se descartó otro requerimiento, por el cual se buscaba el acceso a las cuentas bancarias de la propia fundación. Al interior del Ministerio Público el fallo del tribunal y, en específico, del juez Hans Durán se analiza como un nuevo "portazo" al avance de la investigación, ya que impide reconstruir la trazabilidad total de los recursos públicos asignados en los convenios. Antes, el mismo magistrado había negado mantener en Antofagasta la tramitación de la indagatoria, enviándola a Santiago. Ello, luego que la defensa del gobernador metropolitano Claudio Orrego solicitara el cambio. "Se hace necesario contar con la información", dice persecutor "A raíz de la investigación desarrollada por la fiscalía, respecto de la fundación Procultura, se ha puesto en evidencia un esquema reiterado de irregularidades en convenios y transferencias de fondos públicos, celebrados entre los años 2020 y 2023 con diversos gobiernos regionales y secretarías regionales ministeriales de Vivienda", consigna en su solicitud de alzamiento de secreto bancario la fiscalía. Añade que, en ese marco, se han podido inferir "patrones de fraude al fisco y otros delitos". Detalla el informe N° 346 de la PDI, de análisis contable, 64 proyectos y una extensa nómina de centros de costo asociados: "Dichos proyectos abarcan programas culturales, de salud mental, patrimonio y turismo, ejecutados en distintas regiones del país (Antofagasta, Ñuble, Magallanes, Los Lagos, Biobío, entre otras)".