Jorge Astudillo, Académico de Facultad de Derecho de U. Andrés Bello

El llamado caso ProCultura, uno de los más notorios dentro del denominado caso Fundaciones, no solo revela posibles irregularidades en el uso de recursos públicos por parte de las instituciones privadas que los reciben, sino que también expone con crudeza cómo la corrupción afecta directamente el funcionamiento de la democracia y, en última instancia, los derechos de las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
Este tipo de casos, en los que se compromete la fe pública, exige una respuesta firme de parte de las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho. Es su deber investigar, sancionar y corregir las malas prácticas que socavan la confianza ciudadana en el sistema democrático.
Sin embargo, para que esta labor sea efectiva, es imprescindible que dichas instituciones actúen dentro del marco legal, sin presiones indebidas ni interferencias externas. En este contexto, resulta particularmente grave e inaceptable la reacción del Frente Amplio, que ha acusado de “espionaje político” al Ministerio Público, en medio de diligencias legales autorizadas por el Poder Judicial. Esta ofensiva no solo carece de sustento, sino que es irresponsable e injustificable, ya que erosiona la legitimidad de las investigaciones y pone en entredicho a los ojos de la ciudadanía el actuar autónomo de las instituciones.
Conviene recordar que toda medida intrusiva adoptada por la Fiscalía ha contado con autorización expresa de la justicia. Por tanto, se ha procedido conforme a derecho, y cualquier intento por cuestionar esa legalidad representa una amenaza a la independencia de los órganos persecutores.
Por supuesto, en toda investigación penal debe primar la presunción de inocencia, un principio fundamental del Estado de Derecho. No obstante, ello no significa que las instituciones deban abstenerse de investigar cuando existen indicios razonables de la posible comisión de un delito. Investigar no es condenar; es cumplir con el deber de esclarecer los hechos y proteger el interés público.
A esto se suma una estrategia comunicacional de los partidos oficialistas, alejándose incluso del discurso de La Moneda, que no solo ha sido débil, sino también francamente malintencionada. Se ha intentado desviar la atención vinculando la actividad de Alberto Larraín, fundador de ProCultura, al Gobierno del expresidente Piñera o a figuras de la Democracia Cristiana. Pero no han tenido la honestidad de informar a la ciudadanía que, durante el actual Gobierno del presidente Boric, los fondos asignados a ProCultura se han multiplicado por diez en comparación con las administraciones anteriores. ¿La ciudadanía no merece una explicación de este hecho?
El caso ProCultura es una alerta. No solo por lo que revela sobre el manejo de fondos públicos, sino por lo que dice sobre la salud de nuestra democracia. Hoy, más que nunca, se requiere convicción para defender las instituciones, incluso cuando las investigaciones afectan a los propios aliados.