El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que, junto a otras naciones, Chile acudió ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a raíz del "empeoramiento de las condiciones y la gravedad de la situación para todas las mujeres y niñas afganas", que no pueden hablar en público y deben usar forzosamente el hiyab.
Santiago y los gobiernos de la República de Costa Rica, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo y los Estados Unidos Mexicanos "han presentado una remisión de la situación en la República Islámica de Afganistán".
"La investigación sobre la situación en Afganistán se inició en 2020 y tras una suspensión temporal solicitada por las autoridades afganas, el fiscal de la CPI pudo reanudar las investigaciones en 2022. Los firmantes consideran necesario llamar la atención de la Fiscalía sobre lo que ocurre en el mencionado país, particularmente teniendo en cuenta la situación de todas las mujeres y niñas afganas, quienes enfrentan violaciones continuas y sistemáticas de sus derechos", explicó la Cancillería.